Pedro Yúfera Sales, el Decano presionante del ICAB
Por la dignidad de la abogacía
Los abogados que suscribimos, colegiados del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona (ICAB), manifestamos nuestra más rotundo rechazo a la adhesión realizada por el Decano y de la Junta de Gobierno al manifiesto denominado “La dignidad de Catalunya”.
La adhesión a dicho manifiesto constituye una intolerable presión al Tribunal Constitucional en sus deliberaciones de la sentencia que debe resolver el recurso de inconstitucionalidad que pende sobre el Estatut de Cataluña de 2006. Resulta desde todo punto inadmisible que el Colegio de Abogados más importante de Cataluña y el segundo en importancia de España avale con la referida adhesión el ataque contra la independencia de este órgano constitucional. No podemos aceptar que nuestro Colegio, se preste a ser otro mensajero de la amenaza a la Justicia constitucional y, en definitiva, al garante de los derechos y las libertades de los ciudadanos.
Ningún grupo de ciudadanos, ni colectivo, ni siquiera que se diga mayoría, puede hacer llegar amenazas, veladas o explícitas, al Tribunal Constitucional, dirigidas a condicionar el ejercicio libre y en conciencia de su trascendental e insobornable función de juzgar sobre la constitucionalidad de las leyes, de cualquier Ley, sea cual sea el Poder constituido que la haya elaborado y las mayorías o minorías que las hayan respaldado.
Los abogados como profesionales de la Justicia no podemos permitir que se ponga en entredicho la labor del Tribunal Constitucional pues, haciendo esto, se cuestiona todo nuestro sistema institucional. Pues hoy es presionado o amenazado el Tribunal Constitucional y mañana puede serlo el Tribunal Supremo o cualquier otro tribunal o instancia judicial. El abogado como interviniente indispensable de la Administración de Justicia no puede presionar a otro agente de la misma, sea Juez, Fiscal, Secretario, funcionario o Procurador, ya que en otro caso tampoco podremos invocar nuestra independencia en términos de reciprocidad.
Y si alguna vez alguien incurre en este despropósito, como es el caso del llamado “Manifiesto por la dignidad de Catalunya”, lo que esperamos los abogados de Barcelona, lo que exigimos, es que nuestro Colegio, a través de sus órganos de gobierno que nos dirigen y representan, respalde a los órganos constitucionales y su independencia que, en definitiva, es ponerse del lado de los ciudadanos y de sus libertades, y acuda con todos los medios a su alcance a la defensa de la Norma Jurídica fundamental que las consagra, la Constitución, y por supuesto y en coherencia del Tribunal de Justicia que las defiende, el Tribunal Constitucional.
La única postura admisible de los órganos de gobierno de nuestro Colegio, si es que deciden intervenir en el debate público, es la de ayudar a la ciudadanía dando luz y claridad sobre el sentido de las Leyes con razonamientos y argumentos no, desde luego, aplaudiendo y menos adhiriéndose ciegamente a manifiestos manipuladores lanzados desde algunas instancias en su afán de zafarse del control constitucional de sus actos, no dudando en manipular los sentimientos de los ciudadanos hasta el punto de predisponerlos, con la utilización de un lenguaje emotivo, en contra del Tribunal que ha de juzgar si con sus decisiones han vulnerado o no la Ley de leyes, la norma fundamental que garantiza nuestra convivencia en paz y respeto y que preserva y protege las libertades de todos.
Por el contrario, los abogados catalanes que suscribimos este documento
manifestamos nuestra plena confianza en la labor del Tribunal Constitucional, a pesar de las múltiples presiones que está recibiendo desde diferentes sectores; no pudiendo olvidar que, por su contrastada trayectoria y fecundo trabajo, ha sabido ser el máximo garante de los derechos y las libertades de los ciudadanos.
Resulta intolerable que el Decano y la Junta de Gobierno del Colegio se arroguen la representatividad de la totalidad de los abogados de Barcelona en la realización de manifestaciones de estricto contenido político, careciendo potestad estatutaria ni legitimidad de ningún tipo para ello. Ni el Decano ni la Junta fueron elegidos para realizar manifestaciones políticas, ni en su programa electoral siquiera se contenía la menor referencia al Estatuto y al recurso ante el Tribunal Constitucional. Si es voluntad del Decano y de la Junta de Gobierno intervenir en asuntos de la vida política deben dimitir de sus cargos y actuar a través de los partidos políticos, pero no utilizar una Corporación profesional para finalidades políticas ajenas a la profesión, ni utilizar ésta para espurios fines personales de proyección pública o política.
El Decano y la Junta de Gobierno han comprometido el prestigio y la independencia de la institución que representan. El Colegio aglutina un amplio colectivo formado por personas de diferentes ideologías pero que tenemos en común la defensa del Derecho, la Justicia y los órganos constitucionales que democráticamente nos hemos otorgado. El Decano y la Junta de Gobierno han malbaratado el saber hacer de Ilustres compañeros que les han precedido en dicha responsabilidad, incluso en épocas más comprometidas, quienes si supieron llevar a cabo su compromiso con sensatez, prudencia, firmeza y determinación.
Es por ello que exigimos una explicación por parte del Decano y de toda la Junta de Gobierno y, a su vista, decidir sobre el proceder colegial para con ellos, Y ello es así, habida cuenta que, de no rectificarse a nivel corporativo el dislate en que se ha incurrido, deberá articularse corporativamente el remedio que ponga en su lugar el Colegio al que pertenecemos.
Sánchez-Camacho: "el PPC trabajará para que los catalanes no tengan que circular por las carreteras más caras de España"
La presidenta del PPC, Alicia Sánchez-Camacho, ha explicado hoy que "el PPC trabajará para que los catalanes no tengan que sufrir más agravios y no tengan que circular por las carreteras más caras de España". Sánchez-Camacho ha hecho estas declaraciones hoy en Mollet del Vallès donde ha presentado una campaña en contra de la creación de nuevos peajes en Cataluña.
La presidenta de los populares ha denunciado la intención del Gobierno de la Generalitat de crear un nuevo peaje al nuevo túnel entre Mollet y Badalona de la carretera B-500. "Denunciamos la hipocresía del Gobierno de la Generalitat y nos gustaría que los partidos que forman el Gobierno, y muy especialmente ERC, nos explicaran dónde ha quedado la" Cataluña libre de peajes ".
En este sentido ha señalado que "desde que gobierna el tripartito los peajes han subido siempre por encima del IPC y ahora quieren penalizar a los catalanes con más peajes". Por este motivo, la presidenta de los populares ha recordado que "la única administración que ha eliminado peajes en Cataluña es el Gobierno del Partido Popular, al suprimir el se Sant Cugat al'AP7, que se convirtió en la B30".
La presidenta del PPC ha explicado las propuestas del PPC en este ámbito, como por ejemplo, la supresión de los peajes donde no haya una alternativa en condiciones (C32 de Badalona a Mataró, el de Les Fonts de Terrassa; rebajas en los túneles del Cadí y del Garraf). Asimismo ha afirmado que "nos oponemos a que se aumente el precio de los peajes en momentos de máxima afluencia de vehículos con el objetivo de descongestionar". "Si la carretera está congestionada, lo lógico sería rebajar el precio, ya que no se puede dar un servicio en condiciones", ha concluido. "
En el marco de esta campaña, próximamente, Alicia Sánchez-Camacho visitará Alella incorporando nuestro municipio a la campaña por la supresión de peajes.
El PP plantea en su paquete de medidas para luchar contra la corrupción que se publiquen las retribuciones íntegras de los cargos públicos y electos, así como de directivos y personal de confianza de las instituciones. También propone hacer públicas las declaraciones de bienes y "prohibir la aceptación" de determinados regalos que "no respondan, por su importe o causa, a los usos y costumbres sociales". Además, quiere que en los asuntos urbanísticos haya más controles y se otorgue más peso al personal técnico y no al político.
Así se recoge en el documento que ha elaborado el primer partido de la oposición con las bases para el Pacto por la Transparencia y contra la Corrupción que mañana detallará el líder del PP, Mariano Rajoy, en la clausura de la XV Intermunicipal que el partido está celebrando en Sevilla. Este texto será ofrecido a partir de mañana a las demás fuerzas políticas.
Según el Partido Popular, este documento con 50 propuestas -en el que han colaborado numerosos expertos-- desarrolla los tres principios en los que "fundamenta su voluntad de dignificar la vida política: transparencia y control, buena administración y firmeza política en la lucha contra la corrupción".
Más poder para el tribunal de cuentas
En el primer capítulo, relativo al fortalecimiento de los controles institucionales, el PP planeta que se garantice la convocatoria de oposiciones para los funcionarios de carrera hasta la cobertura de todas las plazas; facilitar la creación de comisiones de investigación; potenciar el Tribunal de Cuentas y las Cámaras de Cuentas autonómicas, aumentando sus facultades de fiscalización y control; y aplicar desde el Tribunal de Cuentas planes específicos destinados al control de cuentas de las entidades locales". Igualmente, apuesta por agilizar los procedimientos de revisión de los estados contables y financieros de los ayuntamientos para que la rendición de cuentas sea más eficaz, instar a las administraciones públicas a la privación de subvenciones y transferencias públicas a las instituciones que no remitan la información financiera y contable a estos organismos, y "reforzar la responsabilidad personal del responsable público que no remita la cuenta general de la entidad local".
Dentro de este bloque, los 'populares' defienden mejorar los medios materiales y humanos del sistema judicial y "garantizar la objetividad e imparcialidad de la Fiscalía Anticorrupción", ampliar la colaboración de los Defensores del Pueblo en la detección de casos de corrupción, generalizar auditorias externas por parte de los ayuntamientos y convocar automáticamente elecciones parciales en caso de disolución de una corporación local.
Retribuciones y comparecencias en pleno
Con el fin de incrementar la transparencia en la gestión, el PP pide que se publiquen las retribuciones íntegras (certificado de haberes) de los cargos electos y de su personal de confianza; publicar detalladamente el procedimiento de concesión de subvenciones, con determinación de la cuantía y del beneficiario; posibilitar la incorporación de la oposición a los Consejos de Administración de las sociedades y empresas públicas, y a los patronatos de las fundaciones locales. En este paquete de propuestas, demandan que se regule la comparecencia en Pleno o en comisiones informativas de los directivos de organismos, empresas, patronatos y servicios municipales y que se promuevan instrumentos de evaluación de la gestión pública, mediante indicadores públicos de gestión y eficiencia del gasto que puedan compararse entre administraciones.
Además, proponen que se ofrezca publicidad específica en todo lo relativo al planeamiento urbanístico y sus modificaciones (incluyendo convenios urbanísticos, cambios de propiedad, recalificación y plusvalías derivadas del suelo) y que se modifiquen las comisiones regionales y provinciales de ordenación del territorio y urbanismo para sustituir a los políticos por personas con perfil técnico.
Más control en la contratación
Para aumentar la objetividad en la gestión pública, el PP defiende atribuir la presidencia de las mesas de contratación a un empleado público de carrera de la entidad local, endurecer las prohibiciones de contratar en los supuestos en los que el contratista haya sido condenado por sentencia firme por determinados delitos, establecer como regla regenera los procedimientos de adjudicación que permitan la más amplia concurrencia, evitar el exceso de contratación de servicios ajenos al ayuntamiento y garantizar el cumplimiento de los principios de publicidad, concurrencia, transparencia, igualdad, objetividad y no discriminación en la contratación.
En el caso concreto de los cargos electos, defiende que se hagan públicas sus declaraciones de bienes, trasladar al registro de bienes los cambios patrimoniales o de actividades que se produzcan, homologar las retribuciones de los miembros de las corporaciones locales en atención a criterios de población y presupuesto, limitar la posibilidad de compatibilizar la actividad pública y privada de los empleados públicos municipales y regular claramente la separación de lo público y lo privado.
Dentro de este capítulo, plantean "prohibir la aceptación de cualesquiera regalos, atenciones o liberalidades que no respondan, por su importe o causa, a los usos y costumbres sociales". En línea con esta propuesta, el PP también está trabajando en un código ético para sus dirigentes que aprobará en la próxima reunión de su Comité Ejecutivo.
Además, proponen que se reduzcan los gastos de protocolo, que se racionalice "el uso de vehículos del parque móvil y que se limite "el gasto en teléfonos móviles, publicidad y viajes". Añade que hacer austeridad en la gestión económica es la primera directriz en el manejo de las arcas públicas y de los medios a disposición de los representantes políticos.
Contra los transfugas
En el capítulo relativo a la gobernabilidad de las instituciones, exige que se garantice el cumplimiento del Pacto Antitransfuguismo y que "los líderes de todos los partidos asuman el compromiso" de no incluir a ningún tránsfuga en sus listas, una petición que el PP ha venido haciendo desde que 12 ex ediles socialistas desbancaron a su partido del ayuntamiento de Benidorm (Alicante). Asimismo, proponen que se incorpore al Pacto Antitransfuguismo la prohibición de que los tránsfugas tengan un papel ejecutivo en el gobierno local que surja tras una moción de censura participada o promovida por éstos, así como evitar situaciones en las que determinados cargos electos en prisión provisional sigan ostentando responsabilidades ejecutivas.
Para luchar contra "los comportamientos corruptos", los 'populares' solicitan que se mejore la protección de los empleados públicos que denuncien actividades fraudulentas y corruptas; endurecer las penas por denuncias falsas; e incorporar el compromiso de reintegrar a los municipios afectados los bienes incautados en los delitos de corrupción cometidos por responsables públicos locales.
La vicesecretaria de Organización del PP, Ana Mato, está ultimando con el equipo jurídico del partido un Código de Buenas Prácticas que prohibirá recibir determinados regalos y vigilará más el procedimiento de contratación del partido. Se prevé que pueda aplicarse con la entrada del nuevo año.
La vicesecretaria de Organización del PP, Ana Mato, está ultimando con el equipo jurídico del partido un Código de Buenas Prácticas que prohibirá recibir determinados regalos y vigilará más el procedimiento de contratación del partido. Se prevé que lo apruebe el Comité Ejecutivo que tendrá lugar en la segunda quincena de diciembre para que pueda aplicarse con la entrada del nuevo año.
Con estas reglas de conducta el PP quiere reforzar su "compromiso ético", potenciando la transparencia y el compromiso de ejemplaridad de los cargos del PP. Para ello, pretende ir más allá de lo legalmente exigible, como ha dicho reiteradamente Mariano Rajoy.
Ana Mato aseguró que el objetivo de este código es aumentar "la transparencia, la exigencia, la responsabilidad y la ejemplardad", un "compromiso público" que, según dijo, tendrán que asumir los cargos de su partido.
La regulación de los regalos ocupará un capítulo clave, después de que el llamado caso Gürtel haya puesto en la picota las supuestas dádivas con las que miembros de la trama de corrupción liderada por Francisco Correa agasajaban a cargos públicos del PP.
El PP prohibirá la aceptación de regalos que no respondan por su importe o causa a los usos y costumbres sociales, en línea con la propuesta que el partido ha incluido en el Pacto por la Transparencia y contra la Corrupción que han remitido a los demás partidos. Tampoco se pondrán recibir regalos de empresas que trabajen con el partido.
Aunque el cumplimiento de estas exigencias dependerá en buena parte de la actitud de la persona, el partido quiere controlarlo en la medida de lo posible a través de los Comités de Derechos y Garantías del PP.
El Código de Buenas Prácticas también recogerá un apartado relativo a la transparencia del sistema de gestión interna del PP. El objetivo es vigilar más los procedimientos de contratación (en línea con las cláusulas de la Ley de contratos del Estado sobre publicidad y concurso), así como exigir unos requisitos éticos a las empresas. Rajoy ya anunció en octubre que a partir de ahora intentará enterarse de quien está detrás de las organizaciones de los actos del partido para que en el futuro no se repitan episodios como los de caso Gürtel.
La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, destacó hace unas semanas que la convención que el partido celebró en Barcelona era el primer acto de esta envergadura que no se había encargado a ninguna empresa externa.
El nuevo texto que está preparando Ana Mato guardará similitudes con el que en 1993 impulsó José María Aznar, entonces presidente nacional del PP, a raíz de los casos de corrupción que salpicaban a la administración de Felipe González.
Finca en Beneixida (Valencia) con el que, según el fallo, De la Vega obtuvo un “beneficio patrimonial”
La condenada en costas luciendo palmito en la playa.
LA GACETA.
23 de noviembre, 2009 I. M. Madrid
La Audiencia Provincial de Madrid concluye que la vicepresidenta se benefició de una recalificación en Valencia. El precio del terreno pasó de 9 euros a entre 70 y 100 por metro cuadrado. El fallo dice que no hubo menoscabo del derecho al honor.
La vicepresidenta primera del Gobierno recibió ayer un duro revés judicial. La Audiencia Provincial de Madrid ha echado por tierra el recurso de apelación de María Teresa Fernández de la Vega contra el vicesecretario de comunicación del Partido Popular, Esteban González Pons, condenándola así a pagar las costas de los dos procesos judiciales.
La Sección 13 de la Audiencia Provincial suscribe la sentencia del juzgado de Primera Instancia número 63 de Madrid, fechada el 5 de marzo de 2009, que desestimaba la demanda interpuesta por la vicepresidenta contra el diputado valenciano.
Este nuevo fallo, del 20 de noviembre de 2009, supone, por tanto, una segunda batalla perdida en los tribunales de De la Vega. La pugna judicial se remonta al 5 de diciembre de 2007, cuando en una rueda de prensa González Pons acusó a la número dos del Ejecutivo de haberse beneficiado de un “pelotazo” urbanístico en la localidad valenciana de Beneixida y sembró la duda acerca de su empadronamiento en el mismo lugar donde se había provocado la recalificación urbanística.
Es entonces cuando De la Vega presenta una demanda contra el dirigente popular por intromisión al derecho al honor, lo que da lugar a dos sentencias consecutivas que desmontan la tesis de la portavoz del Gobierno y su abogado. Además de desestimar que no ha existido tal vulneración del derecho al honor, el fallo de la Audiencia Provincial de Madrid, en consonancia con lo que denunciaba González Pons en rueda de prensa, pone de manifiesto el “carácter irregular” del empadronamiento y el “beneficio patrimonial” que obtuvo De la Vega en Valencia. “De la prueba practicada se infiere tanto el carácter irregular del reiterado empadronamiento —con una particular interpretación de “residencia habitual” con la que tuvo lugar— así como el beneficio patrimonial obtenido por la demandante en virtud de la reclasificación y posterior urbanización de sus terrenos, que luego fueron vendidos”, reza el fallo del que es ponente José Luis Zarco Olivo.
La sentencia explica que de una prueba practicada se deduce que la ministra portavoz del Gobierno, y con anterioridad su familia, era “propietaria de terrenos agrícolas en el municipio de Beneixida (Valencia), que como consecuencia de su reclasificación, pasaron a ser terreno industrial y que, tras el desarrollo del PAI —Planes de Actuación Integrada— y urbanización del polígono industrial en que se encontraban dichas tierras, el precio del terreno ascendió de 9 euros por metro cuadrado (rústico) a “de 70 a 100 euros metro cuadrado (industrial)”, según reconoció el representante legal de la empresa que intervino como agente urbanizador del polígono industrial. Es más, de la declaración del primo de la demandante —de la propia De la Vega— se desprende que “tras la recalificación y posterior urbanización de aquellos terrenos se procedió a su venta por 72.000 euros”. El pariente de la ministra de presidencia es el mismo que desvela al juez que “empadronó a aquella —a De la Vega— mediante un poder que le había otorgado; que su prima le comunicó su decisión de empadronarse en aquella localidad sin explicarle el motivo de aquella decisión; y que su domicilio habitual estaba en Madrid que es donde continúa por razón de su cargo”.
Las críticas vertidas por González Pons en la rueda de prensa con respecto al controvertido empadronamiento son objeto de alegación por parte del abogado de la vicepresidenta primera, pero el juez de la Audiencia Provincial de Madrid las rechaza y se muestra contundente al respecto: “La información suministrada por el demandado —González Pons— en el sentido de haberse empadronado la actora en Beneixida 15 días antes, en secreto, en un naranjal y por medio de un primo suyo, y su consideración como “empadronamiento irregular” en ningún caso puede ser considerado una intromisión ilegítima en el honor de la demandante cuando es notorio el sentido amplio en que los políticos de distinto signo aprecian su “vecindad” y “residencia habitual” a fin de distribuirse las candidaturas de las diferentes demarcaciones electorales aun cuando, en el desempeño de sus actuaciones profesionales, habitualmente residen en distinto lugar”. Esto, según continúa el fallo, “puede ser calificado como “irregular” sin por ello lesionar la dignidad de la persona a la que se refiere la información, menoscabar su fama o atentar contra su propia estimación”.
“Pelotazo”
La impugnación de la mano derecha de Zapatero pone en cuestión la utilización por parte de Pons del término “pelotazo”. Tras reproducir el contenido íntegro de la rueda de prensa que ha examinado la Audiencia Provincial de Madrid, la sentencia vuelve a tumbar la teoría de la ministra: “Su contenido y los términos en que se trasmite impiden apreciar la directa imputación a la demandante de los hechos que la hagan desmerecer en la opinión pública, limitándose el demandado a comunicar en la rueda de prensa (...) a dejar constancia de la relevancia que, de ser ciertos aquellos hechos, tendrían en las elecciones en que participaban tanto la demandante como el demandado, lo que ya sería suficiente para rechazar la “manipulación de hechos” que denuncia la recurrente”.
Más tarde, los magistrados vuelven a insistir en que los argumentos de De la Vega no impiden rechazar la alegada manipulación de hechos y la falta del deber de diligencia del informador que se atribuye a la sentencia de primera instancia “en cuanto se ha probado el beneficio económico obtenido por la actora cuando procedió a la venta de los terrenos que previamente habían sido reclasificados y urbanizados”.
La sentencia entra a valorar la actitud del popular, afirmando que “el propósito de criticar la labor de otro grupo político (...) no es sólo una conducta lícita, sino absolutamente necesaria para hacer efectivo el derecho de los ciudadanos a conocer cómo se gobiernan los asuntos públicos”. Y continúa apoyando la actitud del diputado valenciano, detallando que la utilización del término pelotazo, “aunque implica un desdoro, está relacionada con la noticia y no es desproporcionada con su contenido”. Así, continúa diciendo que es una expresión “utilizada muy comúnmente” para indicar “un enriquecimiento fácil y rápido mediante operaciones puramente especulativas (...) y en el caso no añade nada ultrajante o vejatorio, ni de mayor descrédito, que el que pueda resultar de los propios hechos objeto de la información”.
Entre las múltiples alegaciones rechazadas por los magistrados de la Audiencia Provincial, destaca la que se refiere al lugar donde se celebró la rueda de prensa. “Impugnación que igualmente rechazamos”, responden. Según alega la vicepresidenta, la conferencia tuvo lugar en “el edificio con mayor importancia institucional de la Comunidad Valenciana” —la sede de las Cortes Valencianas—, información que “no es sino un indicio más de la naturaleza política de la información”.
Juan Rodriguez Lozano, padre de Zapatero y abogado de Caneda
Antonio CanedoAller, alcalde, senador y amigo de Zapatero
LA GACETA
29 de noviembre, 2009 J. E. Pflüger y G. Moreno.
El alcalde recibió el dinero en mano de uno de los dueños de la promotora. Su socio fue condenado por impagos. El padre de Zapatero redactó los contratos de compraventa de los terrenos recalificados.
Al senador socialista Antonio Canedo le siguen lloviendo acusaciones de corrupción por su gestión al frente del Ayuntamiento de Camponaraya (León).
Como ya informó este periódico, Canedo no dudó en añadir a los carteles promocionales del Plan E de su municipio la frase: “Plan Zapatero”. Desde hace 26 años está al frente de la alcaldía de Camponaraya, un municipio de El Bierzo.
Su amistad con el presidente del Gobierno, Rodríguez Zapatero, se remonta a la juventud de ambos. Y es el padre del presidente, abogado, Juan Rodríguez Lozano, quien le defiende ante los tribunales por los numerosos casos de supuesta corrupción administrativa a los que se enfrenta.
Las nuevas dudas sobre la gestión del alcalde y senador socialista se centran ahora en el supuesto cobro de comisiones ilegales en negocios urbanísticos y hoteleros.
Dos son las acusaciones: la comisión de 75.000 euros que habría cobrado en mano tras recalificar unos terrenos para la construcción de la urbanización La Cerca, y el cobro de una participación en la construcción del Hotel Ancares con fondos Feder.
Paula firmó que recibía los 10,1 millones en dinero público. Las ayudas fueron aprobadas por 'papá' Manolo, en representación de la minera Matsa. El padre dio las ayudas y la hija, abogada de Matsa, las aceptó.
En la antigua Roma a los funcionarios corruptos se les cortaba la nariz y desnarigados se les metía en un saco y se les arrojaba al mar. Así era la cosa en tiempos de Cicerón por aquello de que la corrupción de los mejores es la peor (Corruptio optimi pésima est). Pero claro, eso iba a dejar algunas ciudades españolas desoladas y repletas de tipos sin apéndice nasal. Una de ellas sería Sevilla, estigmatizada por Juan Guerra, el hermanísimo del cafelito y su despacho convertido en patio de Monipodio del socialismo andaluz. Sevilla convertida en villa de tripa revuelta por su Mercasevilla. En capital asombrada por lo oscuro de sus optimi, como la familia Chaves. Si en los años treinta, Straus y Perl daban paso, con sus prácticas, al concepto del “estraperlo”; en Andalucía el apellido Chaves convierte en pecado eso de “la familia es lo primero”, porque lo practica a costa de los demás.
Diecinueve años como presidente de la Junta de Andalucía dieron a Manuel María Chaves (Ceuta, 1945) esa sensación de impunidad necesaria para creer que le “entra” al venado por derecho, mientras su carrera política tuvo que ser salvada con un paracaídas de vicepresidente cuando se precipitaba a velocidad 2G (9,8 metros en cada segundo). Sea por el PER, sea por la munificencia subvencionadora de la Junta, el caso es que Chaves, como un dinosaurio, es el único vestigio de aquello que se llamó el “clan de los sevillanos”, el embrión del felipismo. Al resto se lo llevó la historia.
Manuel María
Lo primero el patrimonio. Dijo Chaves que tenía poco “porque todo se lo había gastado en la educación de los hijos” o será eso la expresión de un gobernante manirroto incapaz con sus propias finanzas. La cuestión es que tiene “tan sólo” 68.962,29 euros después de 23 años de nómina de ministro, presidente de la Junta o vicepresidente, y los no menos suculentos 23 años como diputado. Es que es ese patrimonio no cabe el valor catastral de una cueva de Guadix. Si es verdad, es una lástima, y si no, pues a contar “minoyes”, digo, millones.
Como cuando la emprendió contra el franquismo y salió trasquilado. Qué bien lo cuenta Paco Rosell en El bueno de Manolo. Resulta que Antonio Chaves, su padre, formó parte del Ejército de Franco y se jubiló como coronel; y su madre, África González, dirigía la sección femenina de Falange. Por no hablar del hermano de su madre, voluntario en el Canarias; o de su bisabuelo, Remigio González, alcalde de Ceuta a raíz del golpe de Primo de Rivera Una familia de orden y de misa; de ahí le cae en la pila bautismal lo de Manuel María.
A la sombra de Manuel Chaves en la Junta, empezó a trapichear su hermano Leonardo (conocido en Sevilla como Leopardo). Éste era director general de Instrestructuras Deportivas de la Junta nombrado por su Manolo y adjudicaba y favorecía al mayor de la saga Chaves, Antonio José, socio a la sazón de la sociedad Climo Cubierta, una compañía que se comía bocadillos de dinero público andaluz, en la que también estaban enrolados algunos sobrinillos Chaves. A Leopardo le cabe el honor de ser uno de los pocos españoles exculpado por un fiscal en un caso con aromas de corrupción. Una pequeña empresa, como dirían en Cádiz, “pero con dos cojones”.
Pero cuando los mandatos son tan largos, los hijos se convierten siempre en protagonistas, le pasa hasta a Fidel Castro. En el caso de los Chaves, dos hijos. Iván, que trabajó en Persán y luego se convirtió en accionista propietario de varias empresas que se dedican a intermediar y a la exportación. Sin duda es una coincidencia que su esposa, Rocío Calbet, trabaje para la empresa pública andaluza de comercio exterior. Y llegamos a Paula Chaves Iborra, la hija de don Manuel y de Antonia Iborra, licenciada en Químicas ella, que nunca ejerció.
Paula Chaves Iborra era la directora de la asesoría jurídica de la mina onubense de Aguas Teñidas (Matsa). La compañía de Almonaster la Real (Huelva), propiedad de una multinacional canadiense, contó con sus servicios en la obtención de las ayudas sine que non de 10,1 millones de euros concedidas por la Administración andaluza de Papá Chaves y denegadas previamente por el Ministerio de Industria del conmilite Miguel Sebastián (en abril de 2008).
La urdida canta a kilómetros, si se tiene en cuenta el cambio introducido por la Junta en la orden que regula estos incentivos –y que habilitaba a Matsa—un mes antes de otorgar la ayuda a la empresa, obtenida a pesar de que no responde a las previstas: “Mejora de las condiciones medioambientales” o “promover la seguridad y calidad de la explotaciones extractivas”. El proyecto de Matsa simplemente propone más extracción de cobre para aprovechar la recuperación de esa materia prima en los mercados. Matsa llegó incluso a ampliar su petición de dinero a la Junta de 7 a 10,1 millones de euros poco antes de la incorporación de Paula Chaves a su cuadro directivo. Aunque en eso hay interpretaciones.
El Registro Mercantil de Huelva dice que Paula se registró como apoderada el 12 de noviembre de 2008; la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa (la donante de las ayudas) asegura que Paula Chaves fue nombrada representante de Matsa el 14 de enero de 2009. En lo que no hay discusión – y éste es un reconocimiento importante– es que Paula Chaves cesó como apoderada de Matsa el 4 de marzo de 2009, precisamente un día después de que el grupo parlamentario del PP registrase una pregunta oral al pleno en relación a las ayudas. O sea, que la Junta atendió con largueza y olvidó aquello de las incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones, ya que el consejo de gobierno que las concede estaba presidido por papá Manolo.
"LA RAZÓN 29-11-2009 El empresario y ex alcalde Ramon Bagó culpa a los populares de los «males de Cataluña» Los ataques al PP catalán se han intensificado en las últimas semanas hasta volverse intolerables.
Barcelona- Nuevo ataque al Partido Popular desde Cataluña. El presidente del Grupo Serhs y ex alcalde de la población barcelonesa de Calella, Ramon Bagó, considera que este partido es el culpable de los males que tiene Cataluña y se animó a decir en público que «habría que matarlos a todos».
Bagó, que también fue director general de Turismo de la Generalitat en época de CiU (de 1980 a 1984), hizo estas encendidas declaraciones la noche del jueves en un acto organizado por la plataforma independentista Calella Decideix! con motivo de la oleada de consultas soberanistas que se preparan en Cataluña. Bagó, invitado en calidad de ex alcalde de la localidad, argumentó que «tenemos al enemigo dentro de las fronteras. Cómo podemos aguantar a esta gente del PP que tiene los santos cojones de decir cosas cuando ellos han organizado el gran lío», informó ayer la edición impresa de «El Punt».
Ante la «gravedad intolerable» de estas palabras, el secretario general del PP catalán, Jordi Cornet, exigió su inmediata retirada y pidió al empresario, también presidente del Salón Internacional de Turismo de Cataluña, una disculpa pública. No en vano, en Calella unas 200 personas escucharon las declaraciones de Bagó.
Las agresiones contra el PP en Cataluña han aumentado en las últimas semanas. Hace apenas un mes, el presidente del partido en la comarca del Berguedà, Joan Anton López, recibió patadas y puñetazos en plena calle Mayor de Berga. Entonces, el PP pidió que se «erradiquen las posturas batasunas en Cataluña», pero no hubo reacción más allá de la denuncia que puso la víctima.
Ante el nuevo episodio, Cornet pidió la complicidad de las formaciones políticas. «No podemos admitir que posturas totalitarias de este tipo pasen inadvertidas y por eso pedimos que todos los partidos políticos condenen estas palabras impropias e inaceptables en una democracia», argumentó. También tildó de «inadmisible» hablar de «matar» cuando el PP ha sufrido la pérdida de algunos de sus miembros en manos de la banda terrorista ETA, y llamó a «erradicar la violencia así como las actitudes que la amparan con manifestaciones de este tipo».
El PP, con la Constitución
Pese a que hay otros seis recursos de inconstitucionalidad presentados contra el Estatut, el PP canaliza todas las críticas de los defensores de la ley catalana. Pero no por eso se ha dejado amedrentar. Y prueba de ello es que ayer, la presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez Camacho, proclamó una vez más que su partido es «el único defensor» de la Constitución en Cataluña. Tras la reunión del comité ejecutivo de los populares catalanes, Sánchez Camacho recordó que la Constitución ha propiciado el máximo gobierno a Cataluña. Luego, defendió al PP como un partido «moderado y sereno», frente al radicalismo independentista de CiU y la deriva nacionalista del PSC.
Alcalde con los votos del PP
Para Ramón Bagó, presidente del grupo turístico Serhs, la política no es una desconocida. Antes de ser galardonado con la Creu de Sant Jordi, en 2001, Bagó fue alcalde de Calella durante 12 años, paradójicamente gracias a los populares."
HAY QUE EXIGIR QUE ESTE IMPRESENTABLE ANTIDEMÓCRATA SEA CESADO DE LA PRESIDENCIA DEL GRUPO SEHRS Y LE SEA RETIRADA INMEDIATAMENTE LA CRUZ DE SANT JORDI QUE LE ENTREGÓ JORDI PUJOL. ES NECESARIO, ADEMÁS, QUE SE FORMULE LA CORRESPONDIENTE DENUNCIA POR UN DELITO DE AMENAZAS GRAVES Y SEA CONDENADO POR ELLO.
Ante la inminente sentencia de inconstitucionalidad del Estatuto que el Tribunal Constitucional está pronto a hacer pública, se han intensificado, a todos los niveles, los ataques contra el Partido Popular en Catalunya. Se pretende distraer de ese modo la atención de los ciudadanos de los verdaderos problemas que les ocupan, el paro, la crisis económica... haciendo, una vez más, al PP culpable de falsos ataques contra Catalunya. Tratan a los catalanes de idiotas porque se creen que todavía nos pueden seguir engañando y mientiendo.
Este fenómeno empresarial prototípico de CiU ya esquilmó a los mexicanos, junto con el colega de partido, también acólito aventajado del insigne president Pujol, Josep Abelló Padró, exalcalde de Reus, exdiputado de CiU y actual Presidente del Consorci Hospitalari de Catalunuya, para no perder la afición a seguir chupando de los presupuestos. Efectivamente, en el 2003 ambos se embolsaron, se supone que a medias, 21 millones de dólares del Instituto Mexicano de la Seguridad Social a cambio de un asesoramiento que no acabaron de recibir. Para más información: http://www.imagenmedica.com.mx/datos/modules.php?name=News&file=article&sid=418
Ayer, durante el acto institucional de inauguración de la nueva Comisaría de la Policía Local (a la que felicitamos por las excelentes instalaciones), tuve ocasión de charlar brevemente con mandos policiales de distintos cuerpos y municipios, con compañeros regidores de otros ayuntamientos y también con mis compañeros regidores de Alella. Hablando con Marta Giralt, la regidora responsable de Cultura y Educación de nuestro ayuntamiento, me sorprendió coincidir en la admiración de la obra de un pintor desconocido para la inmesa mayoría. Me refiero al maestro del paisajismo universal el romántico Caspar David Friedrich. El romanticismo pictórico alemán tiene en él al mejor representante. Friedrich no es un pintor especialmente conocido. Su obra, que tampoco fue especialmente extensa, se encuentra desperdigada por los museos de distintas ciudades y paises. Sus clientes no le eran especialmente fieles dado el posicionamiento político de Friedrich. Pese a que durante toda su vida ostentó la nacionalidad sueca, Friedrich fue un gran patriota alemán. Sus padres eran oriundos de la Pomerania Occidental y se instalaron en la Pomerania Anterior que pasó a depender de la corona sueca tras la guerra de los Treinta Años. Friedrich siempre hizo gala de un antinapoleonismo militante que hizo cabalgar sobre su nacionalismo alemán. Por ello parte de su obra era adquirida por principes alemanes probonapartistas primero, pangermanistas después, por el propio zar ruso o por ricos nobles. Ese es el motivo que ahora sus cuadros se expongan en el Ermitage ruso, o en museos alemanes de distintas ciudades (Berlín, Hamburgo, Dresde...).
Sus cuadros invitan a la meditación, a la reflexión, a la elevación... Sus paisajes, montañosos o marinos, suelen estar poblados de algún individuo de espaldas, en actitud reverente, contemplativa, invitando a la misma acción. El realismo de sus cuadros recoge además un simbolismo que encierra constantes alegorías políticas y religiosas. Se dice de él que supo crear la "tragedia del paisaje". Escuchar a otro patriota alemán como Richard Wagner, maestro de las "tragedias musicales", mientras se contempla la obra de Friedrich puede resultar una experiencia genial.
"El pintor debería pintar no solo lo que se encuentra frente a él, sino también lo que ve en su interior. Si no logra ver nada, debería dejar de pintar lo que se encuentra frente a él".
"Cierra tus ojos corpóreos para poder ver tu cuadro con los ojos del espíritu, y haz surgir a la luz del día lo que has visto en las tinieblas".
Caspar David Friedrich.
En el velero (Auf dem Segler) 1819
El mar de hielo (Das Eismeer) 1824
El atardecer (Der Abend) 1821
La Mañana (Der Morgen) 1821
El soñador-Las ruinas de Oybin (Der Träumer) 1835
El Watzmann (Der Watzmann) 1825
Las tres edades (Die Lebensstufen) 1834
Cruz en el Mar Báltico (Kreuz an der Ostsee) 1815
Mujer y hombre contemplando la luna (Mann und Frau in Betrachtung des Mondes) 1835
Caminante ante un mar de niebla (Der Wanderer über dem Nebelmeer) 1818
El Pleno Municipal del 31 de julio de 2008 aprobó la modificación puntual del Plan de Ordenación Urbana en el ámbito de Via Gandesa, núm. 34 - carrer Londres, núm. 11 (Can Segura). Por el equipo de gobierno municipal de ERC-LG y PSC se llevó a pleno, de forma extraña, rápida y urgentísima, una modificación con un borrador de Convenio Urbanístico con el propietario de la finca beneficiada. Se trataba de ampliar la edificabilidad de la finca de tal modo que en lugar de verse limitada a la construcción de tres casas unifamiliares el propietario pudiera incrementar ostensiblemente el beneficio comercial mediante la autorización para construir varios pisos, con la importantísima revalorización en muchos millones de esa finca. A cambio de ese favor, propuesto por el equipo de gobierno, el propietario cedía al Ayuntamiento una parte de la finca y asumía el coste de ajardinamiento de una conexión entre fincas. A fecha de hoy nada de eso se ha realizado. El ayuntamiento no ha recibido ningún terreno ni ha visto ajardinada ninguna zona. Tan sólo se ha revalorizado en varios millones un terreno particular por la modificiación del planeamiento.
Y nuestro Ayuntamiento, que sepamos, no ha exigido el cumplimiento de lo acordado en el Convenio. Cuando un vecino se salta un semáforo y es captado por una cámara, aunque sea ilegal y finalmente retirada sin informar a los vecinos, se le exije el pago inmediato de la multa...¿por qué no se le obliga judicialmente al propietario beneficiado con la modificación urbanística al cumplimiento del convenio?
También moría un 20 de noviembre de 1936 Buenaventura Durruti. Lo hacía en extrañas circunstancias y víctima de un balazo en el pecho. Su muerte nunca ha sido esclarecida. La CNT, en la que militaba aunque con serias y graves discrepancias con sus dirigentes, simplemente dijo que había caído "victima de una bala fascista".
Durruti, leonés de nacimiento y universal de vocación, había abandonado la UGT socialista para afiliarse a la CNT a primeros de 1920, en Barcelona. Aquí conoció a Ascaso, García Oliver y Sanz, formando con ellos el grupo de "Los Solidarios" realizando atracos a bancos, asesinatos y otros delitos que justificaba en su lucha revolucionaria. Con el tiempo "Los Solidarios" se convirtieron el el grupo "Nosotros", con un contenido más ideológico aunque sin abandonar nunca la lucha armada y revolucionaria.
Iniciada la guerra civil, Durruti participa junto con sus camaradas en la represión de los alzistas en Barcelona, En los combates callejeros ve caer a su compañero y amigo Francisco Ascaso. Derrotado el alzamiento en Barcelona, Durruti convence al presidente Companys de la necesidad de generar un nuevo poder con el que hacer frente a la situación de guerra civil. De ese modo nace el Comité Central de Milicias Antifascistas de Catalunya que se convertirá en el auténtico poder en nuestra región. Ese Comité, formado por anarcosindicalistas, republicanos de ERC y marxistas, creará las checas y tutelará la represión de todos aquellos que se consideraron desafectos al régimen revolucionario republicano. Sin embargo Durruti no cree que haya que hacer la revolución hasta que no se gane la guerra a los alzados. Por ello decide marchar al frente, primero a Aragón y después a la capital de España. En el avance de su columna por tierras aragonesas, la represión de fascistas se acompañaba de colectivización. Fue una experiencia revolucionaria que no fraguó. El comunismo libertario, que es como se bautizó esa acción, abolía la propiedad privada de cada pueblo por dónde pasaba la Columna Durruti, se expropiaban las tierras a sus propietarios y se entregaban a los braceros. En su marcha Durruti no contó con el apoyo de las milicias comunistas ni del ejército de la República, que le vetaban la entrega de armas y municiones.
Ya en Madrid, Aproximadamente a la una de la tarde del diecinueve de noviembre de 1936, en la calle Isaac Peral, Durruti es herido en el pecho por una bala de extraña procedencia; en grave estado, es llevado al Hotel Ritz, sede del hospital de las milicias catalanas, donde muere al día siguiente a las cuatro de la mañana. La autopsia reveló que el deceso de Durruti se debió a los destrozos causados por una bala calibre nueve largo, la cual penetró el tórax y lesionó importantes vísceras. Su cuerpo fue entregado a los servicios especializados del Municipio de Madrid para ser sometido a un proceso de embalsamamiento, ya que sería trasladado y enterrado en Barcelona. Su deceso es ocultado a la población con el fin de evitar desánimos.
La muerte de Durruti ocurrió en oscuras circunstancias que han propiciado la aparición de diversas hipótesis para explicar su deceso. Durruti defendía la misma postura del PCE de primeramente ganar la Guerra Civil, para posteriormente llevar a cabo la Revolución y dilucidar el modelo organizativo, pero teniendo bajo control el territorio. Ésta misma postura le enfrentó a la de su organización anarco-sindical CNT, que ya habían llevado a cabo en Cataluña la Revolución paralelamente a la Guerra Civil que discurría en Castilla. Según la CNT, escuetamente fue una «bala fascista». Las emisoras de radio de la zona nacional le atribuyeron el hecho a los comunistas, quienes a su vez aseguraron que el atentado había sido ocasionado por trotskistas o hasta por los mismos anarquistas debido al enfrentamiento de éste con su propia dirección. Se ha dicho también que fue víctima de unos ladrones, que él mismo intentaba detener. También se asegura que fue un disparo salido de su propia arma (a pesar de que las armas no se disparan solas): algunos afirman que se le cayó su fusil ametrallador, mientras que otros aseguran que Durruti sólo portaba un Colt 45.
De celebrarse hoy elecciones generales en España, el Partido Popular las ganaría con claridad. Es una de las conclusiones que se obtienen del último barómetro realizado por TNS Demoscopia para Antena 3 y Onda Cero.
El Partido Popular obtendría más de seis puntos de ventaja sobre el Partido Socialista: en total, un 42,2% de los votos frente al 36% del PSOE.
Un giro importante con respecto a las elecciones de 2008. Izquierda Unida y el partido de Rosa Díez, UPyD, subirían también en porcentaje de votos si se celebraran elecciones generales, mientras que CiU y el PNV perderían posiciones.
Si comparamos los datos de este último barómetro con los de meses anteriores, vemos que desde la primavera, se mantine y acentúa la tendencia de los socialistas a perder votos y de los populares a ganarlos.
El barómetro confirma, además, que un 54% de los encuestados cree también que hoy en día el PP sería el partido más votado.
El Grupo municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Alella, a través del Grupo Parlamentario Popular en el Parlament de Catalunya, ha presentado cinco enmiendas a los Presupuestos de la Generalitat de Catalunya para el próximo ejercicio 2010.
La primera de las enmiendas consiste en la Actuación de conservación y recuperación ambiental de la Riera de Alella desde el Canonge hasta Masnou. Queremos que se ejecute el Proyecto que desde hace meses nos hizo llegar la Diputación de Barcelona. La actuación tiene un coste de 537.000.- €. De ser aceptada la enmienda propuesta, se recuperarían hidrológica, ecológica y paisajísticamente los 918 metros del tramo final de la Riera.
La segunda enmienda pretende dotar presupuestariamente una actuación de conservación, mantenimiento y mejora de todos los Torrentes pluviales de Alella. El coste de la actuación asciende a unos 25.000.- €
La tercera enmienda presentada al Parlament a instancias del Grupo Municipal del PP pretende la instalación de una red integral en todo el municipio de Fibra Óptica, con la intención de dotar de esa conexión de banda ancha a todos los hogares y edificios de Alella. Esta propuesta, dotada con 150.000.- €, conecta directamente con la propuesta de nuestro Grupo a los proyectos del FEIL 2010 cponsistente en dotas de ordenadores portátiles, impresoras, aplicaciones informáticas y material de texto sostenible en soporte e-book para no generar coste en papel a los alumnos de 5º y 6º de primaria y a todos los de ESO de todos los centros educativos, públicos y privados, de nuestro municipio. Los equipos contarían con conexión Wifi igual que las aulas.
La cuarta enmienda propuesta insta a asumir a la Generalitat el coste de la construcción del muro perimetral del complejo educativo resultante de las obras de ampliación de la Escuela Fabra. El proyecto aprobado no incluye ningún muro perimetral y el coste de su construcción es una de las preocupaciones de nuestro grupo ante la segura desviación presupuestaria en la ejecución de las obras y la falta de una negociación eficaz del Convenio entre nuestro Ayuntamiento y el Departament de Educació que nos garantizara la asunción de cualquier desvio presupuestario por parte de la Generalitat. Por ello queremos enmendar los presupuestos de la Generalitat y hacer que el coste de esta desviación, previa incluso al inicio de las obras, sea ya asumida por el Departament. El coste previsto rondará los 175.000.- €
La quinta enmienda presentada cubre los gastos de redacción del nuevo Plan de Ordenación Urbanística Municipal de Alella (POUM). Hace ya algunos meses el Ayuntamiento decidió no externalizar los trabajos de redacción del POUM. Sin embargo, el equipo de gobierno no ha previsto ningún tipo de mecanismo para evitar generar gastos por los trabajos a realizar. Si bien es cierto que el personal técnico del Ayuntamiento (arquitectos, ingenieros...) han visto reducido su trabajo como consecuencia de la crisis y el descenso en la construcción y realización de obras en el municipio, también es cierto que no disponíamos de los recursos materiales ni las aplicaciones informáticas necesarias para acometer los trabajos de redacción del planeamiento. Esos gastos, junto con los propios de las horas extras del personal dedicado, además de los planes sectoriales encargados a terceros, suponen unos gastos a nuestro municipio que desde el Partido Popular pedimos sean asumidos por la Generalitat mediante esta enmienda. La dotación inicial prevista asciende a 65.000.- € que también incluirían los gastos del proceso de participación ciudadana previsto en los trabajos del POUM.
No tenemos constancia de que desde otros grupos municipales con representación parlamentaria se hayan realizado enmiendas a los Presupuestos de la Generalitat de Catalunya pensando en el beneficio de nuestro municipio. Desde el Partido Popular, desde el Grupo Municipal trabajamos hoy y siempre junto con nuestros representantes en otras instituciones. ¿La finalidad...? Alella.
Tal día como hoy, 20 de noviembre, del año 1936 moría fusilado José Antonio Primo de Rivera. Había sido detenido en marzo de 1936, tras perder su acta de diputado en las elecciones de febrero en las que resultó vencedor el Frente Popular. Se le acusó de asociación ilícita, al haber sido declarada ilegal la Falange. En el juicio resultó absuelto por ese delito pero se le mantuvo en prisión lo suficiente como para ser acusado después de haber formado parte en el alzamiento nacional. Se le acusó, juzgó y condenó por el delito de rebelión militar, exactamente el mismo del que vino acusado y condenado Francisco Ferrer Guardia. Las sesiones de juicio oral ante el Tribunal Popular se celebraron los días 16 y 17 de noviembre. Jose Antonio, abogado de profesión, ejerció él mismo su propia defensa y la de su hermano Miguel y la esposa de éste, también acusados. El 19 de noviembre el Tribunal dictó sentencia de muerte y la madrugada del 20 fue fusilado en el patio de la cárcel de Alicante. No tuvo posibilidad de recurso. La revisión de su sentencia sí es posible. Todavía hoy algunos de nuestros mayores de Alella recuerdan a aquel joven que tanto gustaba de alejarse de los alborotos de la ciudad condal para descansar en nuestro pueblo. Se recuerda su apostura, su galanteo con las mozas de Alella, su bondad. A continuación transcribo un par de artículos.
"Hace hoy exactamente 67 años moría José Antonio ante un pelotón de fusilamiento. Tenía 33 años. El día 20 de noviembre de 1936, hacia las 6 de la mañana, era despertado Miguel Primo de Rivera para comunicarle que su hermano iba a ser fusilado y que quería verle en su celda. Cuando Miguel llega a la celda de José Antonio lo encuentra en compañía del director de la prisión y varios milicianos armados. Uno de los milicianos les dice que tienen 15 minutos para despedirse. Terminado este plazo, los dos hermanos se abrazan. Miguel ayúdame a morir con dignidad dice en inglés «Help me to die with dignity». Miguel le responde: «reza por todos nosotros». A continuación comienza a vestirse. Chaqueta gris sobre un mozo azul y un abrigo claro. Calza unas alpargatas. Uno de los milicianos le urge para que termine de vestirse. José Antonio le responde «como sólo se muere una vez hay que morir dignamente».
En el patio de la enfermería de la cárcel de Alicante ya está dispuesto el piquete de ejecución, formado por 12 hombres. Seis eran comunistas, pertenecientes al quinto regimiento, y los otros seis milicianos de la FAI. Además estaba presente un pelotón de guardias de asalto mandado por el alférez Juan José González Vázquez, por si fuera necesaria su colaboración.
Sobre las seis y media de la mañana llegaron al patio José Antonio y los otros reos. Dos falangistas y dos carlistas. José Antonio se dirigió al jefe de destacamento, que era un sargento, y le dijo: «Como siempre que se fusila se derrama sangre, yo quisiera que se hiciera desaparecer la que yo vierta para que mi hermano no la viera». A continuación se dirigió al pelotón de ejecución y les preguntó: «¿Son ustedes buenos tiradores?», le respondieron afirmativamente. Luego se desprendió del abrigo arrojándolo lejos, cogió entre sus manos el crucifijo que le había entregado su hermana Carmen y se puso en línea con sus compañeros, los dos falangistas y los dos requetés de Novelda. El sargento dio la orden de disparar. Sonaron doce disparos. El cuerpo de José Antonio se desplomó sin vida. Los cadáveres fueron trasladados en una ambulancia al cementerio de Alicante. Se enterraron en una fosa común sin mortaja ni ataúd. El cadáver de José Antonio recibió el número de orden 22.450 de la fosa común número 5, fila 9.ª cuartel número 12.
José Antonio había muerto. Había muerto con dignidad y había muerto también cristianamente. Cuando José Antonio entra en capilla solicita tres cosas: un confesor, un notario y le permitan despedirse de sus familiares. La comisión de orden público accede a estas peticiones. Será un anciano sacerdote, don José Planelles, también preso que será fusilado nueve días más tarde que José Antonio, el que reciba su última confesión.
Carlos Menéndez de Alba, Licenciado en Derecho, periódico La Nueva España 20-11-2003"
Artículo de Carlos Javier Galán:
"LOS SOCIALISTAS Y JOSÉ ANTONIO
Quizá el título que encabeza estas líneas pueda llevar a pensar que voy a referirme a la actitud que, ante la figura de José Antonio Primo de Rivera, tienen los actuales responsables del PSOE, pero no es así. Quiero evocar el parecer que manifestaron los contemporáneos del fundador de Falange, los dirigentes socialistas que le conocieron personalmente.
El actual gobierno, aquejado de un fervor revisionista e iconoclasta, manifiesta un empeño tenaz en ganar la guerra civil con más de sesenta y cinco años de retraso o, en su defecto, derrocar la dictadura, me temo que también un poco a destiempo. Pero este antifranquismo tardío comete, a la par, la injusticia histórica de meter «en el mismo saco» –en Guadalajara y en otros lugares, tratando de estatuas o de calles– una figura histórica, la de José Antonio que, por cronología, por ideología y por talante –seguro que esto último ZP lo comprenderá– fue absolutamente ajena al régimen del General Franco.
Para los conocedores de la trayectoria de José Antonio, para los iniciados en nuestra historia, este artículo no aportará nada nuevo: son frases ya repetidas. Pero, lamentablemente, tales juicios de valor son, sin embargo, completamente desconocidos para el gran público, para muchos jóvenes actuales, para quienes siguen incurriendo en ese desaguisado histórico que supone vincular al líder del falangismo fundacional con la dictadura franquista, que ni vivió ni propició. Desde esa impresión, merece la pena reproducirlos.
La maleta con los documentos que José Antonio dejó en la cárcel de Alicante, donde fue asesinado, quedó en manos de un importante dirigente socialista, Indalecio Prieto. En carta remitida al Ministro Británico de Asuntos Exteriores, Mr. Eden, Prieto recordaba su relación personal y política con José Antonio, quien en numerosas ocasiones le propuso hacer del PSOE –entonces internacionalista y mayoritariamente defensor del bolchevismo soviético– una formación política de carácter nacional, que asumiera la tradición y valores españoles sin renunciar a sus propuestas revolucionarias y de justicia social: «He dado referencia detallada de mis múltiples entrevistas con el fogoso joven –víctima inenarrable y cuyo sacrificio yo condené y condeno– José Antonio Primo de Rivera». «¡Cómo quería fundar el Partido Social Español! –revela Prieto– ¡Cómo me alentaba para que yo recogiese lo más sano de lo que en España se llamó Partido Socialista, y marcháramos juntos! ¡Cómo me hizo dudar y vi que estábamos rebasados! Sin guerra civil –inevitable– todo era posible. Pero no era la guerra que preveíamos la que ocurrió, sino esa “civil” no militar».
Este ex ministro de la República narra, además, en la misma carta, el episodio en el que los falangistas le salvan la vida cuando algunos socialistas querían acabar con un compañero de partido al que consideraban demasiado moderado: «Cuantos me reprochaban las defensas de ese joven impetuoso y bien intencionado, conocen mi respuesta. Es que también le debía la vida, porque él y su gente me custodiaron hasta mi domicilio, una noche en que algunos, que se decían correligionarios míos, habían acordado “abolirme”. Ya conoce V.E., por escrito, el episodio. Son páginas personales que dicen muchas cosas».
Prieto recordó, en carta a Agustín Mora desde México en 1942, el episodio de la defensa que hizo en el Congreso de los Diputados del voto contrario al suplicatorio para procesar a José Antonio. Explica que en aquella fecha aún «sólo había cruzado la palabra con José Antonio Primo de Rivera en una ocasión. Fue en el Congreso, cuando me levanté a impugnar el suplicatorio para procesarle. Concluía yo de defender a mi correligionario el diputado Lozano contra idéntica acusación de tenencia de armas. Me pareció que el rasero debía ser el mismo para amigos y adversarios, y defendí con igual vehemencia al fundador de Falange. Éste, terminada la votación, que le fue favorable, atravesó los bancos de los diputados de la CEDA [Confederación Española de Derechas Autónomas, de Gil Robles], dirigiendo duras frases a quienes de éstos votaron en contra, y llegando a mi escaño me tendió la mano y me dio las gracias muy conmovido».
En Convulsiones de España, publicado en México en 1967, el exiliado socialista vuelve a recordar a José Antonio, sus planteamientos políticos, y reflexiona sobre la tragedia de la guerra civil española, coincidiendo con la idea que el fundador de Falange Española dejó escrita en su testamento en que una «brecha de serena atención» acaso hubiera evitado el derramamiento de tanta sangre», y apuntando también el deseo de reconciliación nacional: «Data de muchísimo tiempo la afirmación de que en todas las ideas hay algo de verdad. Me viene esto a la memoria a cuenta de los manuscritos que José Antonio Primo de Rivera dejó en la cárcel de Alicante. Acaso en España no hemos confrontado con serenidad las respectivas ideologías para descubrir las coincidencias, que quizá fueran fundamentales, y medir las divergencias, probablemente secundarias, a fin de apreciar si éstas valían la pena de ventilar en el campo de batalla. La confrontación de ideologías, que no se hizo entonces, debe hacerse ahora. Porque es necesario un esfuerzo generoso en busca de puntos de concordia que hagan posible la convivencia, tratándonos como hermanos y no peleando como hienas».
La cercanía entre Prieto y José Antonio la corrobora, entre otros muchos testimonios, un texto del periodista asturiano y dirigente de la UGT Amaro del Rosal: «Años más tarde de finalizar la guerra, en Mexico [Indalecio Prieto] confesó que después de su famoso discurso de Cuenca, José Antonio Primo de Rivera le mostraba una viva simpatía cada vez que tropezaban en el Parlamento; que había llegado a felicitarle por ese discurso diciéndole que lo suscribía. Ni que decir tiene que el discurso mereció la más dura crítica del “caballerismo” [se refiere al ala más marxista, al sector de Largo Caballero en el PSOE]. Prieto guardaba como una reliquia el testamento y papeles íntimos que José Antonio poseía en la celda de la prisión de Alicante»”.
Quien fuera diputado socialista por Gijón en la II República, Teodomiro Menéndez, recordaba que «José Antonio y yo nos sentábamos juntos en la Cámara y pronto nos hicimos amigos... Recuerdo que siempre me decía: “Teodomiro, si no fuera por sus ideas religiosas, qué cerca estaríamos usted y yo en política. En el fondo, todos queremos lo mismo”. Y tenía razón».
El Presidente del PSOE y Presidente del Gobierno en la fecha del fusilamiento de José Antonio Primo de Rivera, Francisco Largo Caballero, consideró «lamentable» la muerte del fundador de Falange e intentó exculpar, en su libro de memorias Mis Recuerdos (México, 1954) al ejecutivo, aunque ciertamente su testimonio es contradicho por muchos historiadores: «El fusilamiento de Primo de Rivera fue motivo de profundo disgusto para mí y creo que para todos los ministros del Gobierno. Como en todos los casos de condena a muerte por los Consejos de Guerra –y Primo de Rivera fue sometido y juzgado por uno de estos consejos– la sentencia pasó al Consejo Supremo; éste la confirmó y, cumplido este trámite, debería pasar al Consejo de Ministros para ser o no aprobada, costumbre establecida por mi Gobierno. Estábamos en sesión con el expediente sobre la mesa, cuando se recibió un telegrama comunicando haber sido fusilado José Antonio Primo de Rivera en Alicante. El Consejo no quiso tratar una cosa ya ejecutada y yo me negué a firmar el enterado para no legalizar un hecho realizado a falta de un trámite impuesto por mí, a fin de evitar fusilamientos ejecutados por la pasión política. En Alicante sospechaban que el Consejo conmutaría la pena. Acaso hubiera sido así, pero no hubo lugar. Ésta es la estricta verdad respecto a este episodio, tan lamentable y que tan malas consecuencias ha tenido».
Sí avala la tesis de Largo Caballero un veterano socialista fallecido en 1994, José Prat, que fue senador por el PSOE ya en la actual democracia. En su intervención en un programa de «La Clave» dedicado a José Antonio en 1981, aseguraba: «Me preocupó mucho su situación en Alicante. Y puedo asegurar que el “enterad” de la sentencia de pena de muerte no lo dio el Gobierno y no tiene jurídicamente, yo creo que históricamente, ninguna responsabilidad en la muerte de Primo de Rivera el Gobierno que presidía don Francisco Largo Caballero. Fui testigo de mayor excepción, porque fui asesor jurídico del Ministerio de la Guerra hasta días después de que Largo Caballero formó Gobierno. La costumbre de no ejecutar sentencia dictada legalmente sin el “enterado” del Gobierno era disposición del Código de Justicia Militar y se cumplió rigurosamente, como con el General Goded. En cuanto a la ejecución, no fue ejecución, fue una muerte ilegal la de José Antonio Primo de Rivera. Yo hablé con Largo Caballero, él como ministro y yo como asesor. Le dije lo que había ocurrido y me dijo: el Gobierno no puede dar el “enterado” a una cosa que se ha hecho sin su consentimiento».
Otro Presidente del Gobierno durante la guerra civil, también de adscripción socialista, el doctor Juan Negrín, consideró el fusilamiento de José Antonio como una «derrota moral». Lo narra en un libro uno de sus ministros, Mariano Ansó:
Cierta noche me pareció observar en él una intensa preocupación.
–¿Qué? ¿Malas noticias de guerra?
–Peor –me contestó. Desabridamente– Tengo necesidad de hablarle de algo que me angustia, pero necesito su promesa de silencio absoluto sobre lo que le voy a decir. ¡Han fusilado a José Antonio Primo de Rivera!
En la oscuridad no nos veíamos las caras, pero estoy seguro de que los dos estábamos demudados.
Para él, la ejecución de José Antonio era una gran derrota moral.
Sin duda, uno de los testimonios más interesantes de los socialistas contemporáneos sobre José Antonio es el de Julián Zugazagoitia, que fue también ministro republicano y dirigió el periódico El Socialista. En su libro Guerra y Vicisitudes de los Españoles, publicado en París en 1968, este dirigente bilbaíno del PSOE recoge estas líneas estremecedoras sobre las últimas horas de José Antonio, reveladoras de su personalidad política y humana:
Primo de Rivera se batió por su vida con denuedo juvenil. Puso en su palabra de abogado la emoción del político. En Alicante habían pasado de los furiosos arrebatos colectivos en que se pedía la inmediata ejecución del caudillo falangista, a la convicción de que en tanto viviera la ciudad no sería bombardeada. Estas suposiciones eran frecuentes. Las autoridades municipales de Cartagena se manifestaron en rebeldía al conocer que la familia del general Pinto iba a ser canjeada, por creer que a la vecindad de los familiares del general se debía el que la plaza no conociese las agresiones aéreas. Como se hiciera el canje, produjeron su barullo de dimisiones irritadas. Con Primo de Rivera sucedía algo parecido. Pero, además, por una de esas reacciones tan fáciles en la sensibilidad del pueblo español, el odio se había truncado en simpatía. Simpatía por el hombre que, sin vacilación ni debilidad, se encaraba con un destino acedo. Su conducta en la prisión era liberal, cariñosa. En la hora de encierro tejía sueños de paz: esbozaba un gobierno de concordia nacional y redactaba el esquema de su política.
Temía –continúa Zugazagoitia recordando los documentos hallados en su celda– una victoria de militares. Eso era, para él, el pasado. Lo viejo. La España del siglo XIX prolongándose, viciosamente, en el XX. Él había ido a injertar su doctrina, confusa, en las universidades y en las tierras agrícolas de la Vieja Castilla. Su seminario estaba constituido por discípulos de aulas y laboratorios, y por jóvenes de la gleba. Su escepticismo por las armas, que le atraían por otra parte, debía tener antecedentes familiares. El respeto y la devoción por su padre no excluían en él la crítica de errores en que incurrió. Él, capitán de hombres jóvenes, proyectaba cosa distinta. De momento, para salir de la guerra, un Gobierno de carácter nacional.
La vista del proceso, varias veces diferido, le coloca ante una realidad adversa. No se inmuta. Su palabra tiene una fuerza inusitada. La del hombre que está solo. Intuye cuál será la pena a que le condenan sus jueces y, sin embargo, se esfuerza por convencerles de que no deben ser injustos ni para con él ni para con sus hermanos. Increpa ásperamente a una persona que, en su concepto, ha enturbiado la claridad del proceso. El interesado escucha la admonición sobrecogido. El relámpago de iracundia pasa y queda, en la carne del increpado, un desasosiego que será permanente. Explicación de una doctrina y ratificación de una fe. El resto es conocido. Se dicta la sentencia de muerte. No hay conmutación de pena. Primo de Rivera se encierra a escribir su testamento. Se despide de sus hermanos.
La escena la relata Miguel, José Antonio no puede evitar que su emoción se le resuelva en lágrimas al notar la congoja de sus hermanos. Cuando se repone, él es quien consuela. Pide que le consientan morir con la entereza que le cumple, atendiendo su magisterio moral sobre tantos compañeros que han muerto y están muriendo en el combate. Cuando le llega su hora, su templanza es perfecta. Conversa con los hombres del piquete que ha recibido el encargo de ejecutar la sentencia:
–¿Verdad que vosotros no queréis que yo muera? ¿Quién ha podido deciros que yo soy vuestro adversario? Quien os lo haya dicho no tiene razón para afirmarlo. Mi sueño es el de la patria, el pan y la justicia para todos los españoles, pero preferentemente para los que no pueden congraciarse con la patria porque carecen de pan y de justicia. Cuando se va a morir no se miente, y yo os digo, antes de que me rompáis el
pecho con las balas de vuestros fusiles, que no he sido nunca vuestro enemigo. ¿Por qué vais a querer que yo muera?
Los milicianos le escuchaban en silencio. Las palabras del reo se les meten dentro y se miran unos a otros, tratando de resolver una incertidumbre. ¿Se habían equivocado los jueces? ¿Y si se han equivocado, pueden ellos reparar un error negándose a cumplir lo que les está ordenado? El silencio persiste. Primo de Rivera, con la acuidad de la muerte, lee en la conciencia de los milicianos e insiste, calentando sus palabras, en una acción catequista que es toda su esperanza de seguir viviendo. ¿Quién sabe, piensa, cómo lo ha dispuesto el Señor? Ya su vida está contada por minutos, pero con un solo segundo es suficiente para salvarla. ¿Cuántas resoluciones, humanas o crueles, caben en tan pequeña medida de tiempo? En principio fue el verbo... Busca en las palabras entrañables aquella que pueda ir derecha, certera, como una saeta, al corazón de sus verdugos, atribulados por la idea de poner remate a una existencia que, ahora que se han en contacto con ella, la encuentran noble y digna. Parece como si la esperanza se robusteciese. El reo cree en ella. Se imagina más sólida de lo que de verdad es. Pregunta:
–¿Verdad que vosotros no queréis que yo muera?
Es lo definitivo. Trata de romper el mutismo de los milicianos. Quiere saber a qué atenerse, porque el tiempo se agota. El plazo de minutos que tiene su vida se está terminando. ¿Qué dicen? ¿Qué contestan? En el silencio de todos parece oírse el trabajo de cada conciencia. ¿Con qué metro medir esa partícula angustiosa de tiempo? Es el que va de una pregunta a una respuesta, en la que se ha intercalado una breve pausa. Uno de los milicianos responde:
–¡Déjanos en paz! Necesitamos cumplir lo que nos está ordenado. No sabemos si eres bueno o malo. Sólo sabemos que tenemos que obedecer.
Todo está dicho. El reo no tiene que esperar. La ley de obediencia se ha interpuesto entre el verbo del reo y el corazón de los verdugos. Uno y otro tienen que llegar hasta el fin. No son enemigos. Son personajes de un drama inmenso, protagonistas que lo sufren. Si la ley de obediencia no se impusiera, se reconciliarían fácilmente; pero se frustraría la tragedia.
¿Qué hubieran dicho, casi setenta años después de esa muerte, estos socialistas, contemporáneos de José Antonio, a los actuales dirigentes del PSOE, que vinculan falazmente al dirigente de Falange Española, diputado de la Segunda República, con la dictadura que vino después de su muerte? ¿Qué hubieran dicho aquellos líderes del PSOE a sus pretendidos correligionarios de hoy que, al quitar el nombre de José Antonio de las calles y su estatua de un parque, lo hacen con el falaz argumento de borrar los vestigios de la dictadura franquista? No parece muy difícil imaginarlo."
