CORRUPCIÓN EN EL PSC: ¿LIBERTAD POR CUESTACIÓN O ESTRATEGIA DE LA DEFENSA?

Cuando el juez Garzón acordó la libertad, previa prestación de fianza, de los imputados Alavedra y Prenafeta (de CiU) en el marco de la Operación Pretoria los comentarios de la gente fueron..."si han pagado un millón de euros de fianza en efectivo en uno o dos días es que tienen mucho más y serán culpables de haber robado dinero de todos los ciudadanos", "nadie que haya trabajado honestamente tiene un millón de euros en su casa en efectivo".

Ello debió darle mucho en que pensar al compañero Fermín Morales, abogado director de la defensa del también imputado exalcalde socialista de Santa Coloma de Gramanet. Cuando Bartolomé Muñoz, hijo del último alcalde franquista de la localidad y vecino de un barrio de clase alta de Barcelona, fue detenido los ciudadanos de Santa Coloma salieron a la calle a renegar de su alcalde. Se manifestaron con pitos y cacerolas ante la puerta del Ayuntamiento de Santa Coloma y ninguno de esos miles de vecinos sugirió la idea de recoger dinero para quien se había aprovechado de su cargo. El abogado, de acuerdo con la familia según ha declarado, promovió "ingresos" en una cuenta habilitada para recoger "donaciones" populares en favor de su cliente. Finalmente han dicho que se han recaudado más de 600.000 euros, con lo que además de la fianza de 500.000 acordada por el juez, han conseguido otros 100.000 a cuenta de los honorarios profesionales. En principio, las dudas que sobrevolaron las libertades de Alavedra y Prenafeta parecían haber quedado disipadas ante la "cuestación" de ese dinero.

Pero ahora en los corrillos jurídicos, en los pasillos de los juzgados de Barcelona se dice, se comenta que sólo ha sido una manifestación de una estrategia de la defensa para que parezca que Bartolomé Muñoz no tiene dinero, porque nunca se ha aprovechado de su cargo para beneficiarse con dinero, y que han sido los ciudadanos, mediante un clamor popular, los que han pagado para que su querido exedil salga en libertad para poder celebrar las fiestas de navidad con los suyos.

Realmente, la idea, de ser cierta, es buena. Pero, como dice el refrán, antes se pilla a un mentiroso que a un cojo. Estaría bien que el Ministerio Fiscal o las acusaciones pidieran al juez Garzón que oficiara a la entidad bancaria para "identificar" el origen de esas aportaciones populares que, según se dice, han sido de cuatro o cinco compañeros de partido.

Las cosas no siempre son lo que parecen.

MÁS...FELIZ NAVIDAD Y POPULAR ALICIA 2010

Feliz Navidad 2009
Cargado por ppcatalunya. - Vídeos de noticias del mundo entero.

FELIZ NAVIDAD Y POPULAR ALICIA 2010

(Por cortesía de Angel A.)

13 D: OSONA INDEPENDENT!!!

Algunos electores independentistas...sin comentarios

Finalmente, ayer se produjeron 166 consultas independentistas en otros tantos municipios catalanes. Según los organizadores, unas 190.000 personas, de las más de 700.000 que supuestamente podían ejercer su derecho de voto, depositaron una papeleta en alguna de las urnas habilitadas para ese evento, lo que arrojaría un porcentaje de participación del 27,4 %. De esos votantes un 94 % votó a favor de la independencia de Catalunya del resto de España. Los datos de por si ya resultan cómicos. Los independentistas se montan ellos solitos esas consultas, se las "controlan " ellos mismos, se "votan" a sí mismos, sólo las organizan en aquellos municipios que controlan políticamente y sólo consiguen un porcentaje aparente de poco más del 27 %. Y digo aparente porque todo el mundo sabe que a esa consulta han sido llamados no sólo aquellos que en una consulta legal podrían ejercer su derecho de voto según la legislación electoral vigente sino también aquellos que ellos llaman discriminatoriamente "nouvinguts" y que son miembros de los distintos colectivos de inmigrantes, algunos con papeles y otros sin papeles, además de los menores con edades comprendidas entre 16 y 18 años. Pero es que el único requisito para poder introducir un papel en esas fraudulentas urnas no era otro que acercarse con cualquier documento que acreditara una identidad de tal forma que muchos han podido votar en Masnou primero, y en Tiana al final, pasando por Arenys de Mar o Premiá de Dalt. Al final todo se sabe y nada puede ser comprobado porque para eludir responsabilidades legales por la utilización de padrones municipales, las Coordinadoras de las consultas decidieron destruir cualquier dato relativo a las personas que supuestamente ejercían un derecho de voto. Esta manipulación se hizo evidente cuando anoche la Coordinadora no facilitó los datos hasta bien entrada la madrugada pese al compromiso dado de que se haría antes de las 10 de la noche. Probablemente la sorpresa ante la nula participación, y los previsibles resultados a la búlgara, sin votos en contra, obligaron a cocinar unos resultados que parecieran creibles, ya fguera en cuanto a participación como a diversidad en el voto. El menú resultante sigue siendo indigerible ni los ingredientes pueden ser comprobados porque no existe dato alguno de quienes supuestamente introdujeron su papeleta en las urnas.

El ganador en la jornada de ayer fue el pueblo catalán que mayoritariamente se abstuvo de participar en semejante parodia electoral. Si descontáramos de los datos que los propios independentistas han facilitado los menores y los inmigrantes supuestamente empadronados resultaría que no han votado a favor de la independencia de Catalunya ni un 15 % del censo electoral. Aquí no hay más leña que la que arde, por mucho que CiU piense que debe subirse al carro del independentismo para restar votos a ERC. Los votantes de CiU no son, mayoritariamente, separatistas. Y los votantes de ERC en sus mejores momentos pudieran ser los mismos que ayer participaron de las consultas. No hay más. La mayoría de los catalanes están por resolver sus problemas del día a día y ayer inculso  por las compras navideñas o por la Marató de TV3 antes que por las cortinas de humo separatistas. Ayer vimos que los independentistas son una minoría y que no pueden ampararse en el derecho a opinar para imponer un falso derecho a decidir. Las minorías en democracia no pueden imponer sus fanatismos radicales a la mayoría de ciudadanos libres.

Ayer las consultas sirvieron para hacer un recuento de independentistas. Están todos los que son, pero no todos los que están reman en la misma dirección. A unos les anima el oportunismo político, a otros el protagonismo personal. Ayer vimos que Alfonso López Tena denunciaba al resto de la Coordinadora para erigirse en único garante de la legalidad separatista y de un "trabajo bien hecho". Ayer y hoy Osona se ha desmarcado del resto de Catalunya. Osona ya quiere su propia independencia y acusa al resto de no haber sabido hacer el trabajo. Suponemos que se refiere a la cocina de los porcentajes que en la plana si supieron hacer y que en el resto, pese a los retrasos y los datos incongruentes que se iban facilitando, al final no supieron maquillar mejor. Si ni ellos se ponen de acuerdo...¿cómo podemos tomarlos en serio? El independentismo sigue siendo una opción minoritaria que sigue sin hacer bien las cosas. Cuando su acción política se canalizaba a través de la lucha armada...las bombas les explotaban encima, y cuando pretenden hacerlo a través de consultas...no se aclaran ni con las papeletas ni con los porcentajes que luego hacen públicos.

http://www.e-noticies.tv/tv/?idprog=7695

DRET A DECIDIR: ENCUESTAS POPULARES

Banderas de las Comunidades Autónomas de España

Ayer finalizaron las dos encuestas del blog. La primera de ellas viene referida a un tema de actualidad. La cuestión nacional. El encaje de Catalunya en España. La pregunta decía: ¿Está de acuerdo en que Cataluña siga siendo una distribución administrativa denominada Comunidad Autónoma dentro de la Nación Española?

La mayoría de visitantes del blog que han ejercido su derecho a votar han optado por mantener la acual consideración de Catalunya como una de las Comunidades Autónomas que conforman la Nación Española. Efectivamente, un 60% de los votantes han dejado claro que España es la única Nación y que Catalunya se entiende como parte del todo nacional. Catalunya como Comunidad Autónoma, tal y como se recoge en el Titulo VIII de nuestra Constitución. Tan sólo un 37% han dicho que no están de acuerdo en que sea una Comunidad Autónoma. En este 37% probablemente estén representados no sólo aquellos que creen en la virtual nación catalana, sino aquellos otros que descartan incluso la Comunidad Autónoma y que entienden que Cataluña sólo sea una mera región de España, e incluso aquellos otros que optan por un Estado Federal. Un 2 % se han abstenido. La conclusión es que los consitucionalistas son mayoría y que el derecho a decidir de hoy ratifica el de todos aquellos que mayoritariamente votaron la Constitución.

La segunda cuestión planteada se formulaba así: ERC-LG y el PSC han decidido instalar dos cámaras de control de semáforos... ¿Estás de acuerdo? Los votantes han dicho mayoritariamente que no están de acuerdo con la decisión del alcalde republicano de instalar dos nuevas cámaras en Alella con mero afán recaudatorio. Así el 78 % de los votantes han dicho un NO rotundo, mientras que un 18 % han apoyado al equipo de gobierno de ERC-LG y PSC en la instalación de ese mecanismo recaudatorio. El 2 % se han abstenido. El oscurantismo que caracteriza a la actual etapa de gobierno municipal republicano-socialista impide que los regidores de la oposición tengamos información del proceso de adjudicación del nuevo contrato de instalación de dos nuevas cámaras. A preguntas mías en un Pleno municipal el alcalde confirmó que entre las empresas que han cocurrido a la oferta de contratación se encuentra la que ya fue adjudicada a dedo por el alcalde en el anterior intento, irregular e ilegal, de instalar una cámara en Alella. Sabíamos que cuando dicha empresa fue obligada a resolver el contrato, ante las denuncias de irregularidades desde el Partido Popular y de los vecinos, se le prometió que se le volvería a adjudicar el nuevo contrato. Ahora estaremos pendientes de si eso es así. Baste recordar que la empresa no tenía experiencia de ningún tipo, que nuestra cámara se la encontró ya instalada por otra empresa anterior (ECOPS) que ante varios escándalos en varios municipios decidió, de acuerdo con nuestro alcalde, constituir una nueva empresa y cederle el contrato que ya habia firmado el alcalde Francisco con ella. En breve conoceremos si el nuevo contrato se adjudica a la empresa ECOPS o a la que hubo que constituir deprisa y corriendo para salvar un contrato que al final se demostró que era irregular y alegal, WITARTEC. Los vecinos que en su momento fueron multados por la cámara alegal han sido privados de puntos, pese a la promesa televisada del alcalde Andreu Francisco de no quitarles los puntos si pagaban pronto la multa económica, y están teniendo que agotar el procedimiento administrativo para recuperar su dinero.

Los votantes han decidido que Catalunya siga siendo una Comunidad Autónoma dentro de la Nación Española y los alellenses han decidido que no están de acuerdo en que se les instale dos cámaras de control semafórico. A la primera de las decisiones populares no puede dar trámite nuestro Ayuntamiento, a la segunda queda claro que sí...¿tendrán en cuenta la voluntad democrática de quienes han ejercido su derecho a decidir? ¿Suspenderán el trámite de instalación de esas dos cámaras respetando así la voluntad de quienes han ejercido su derecho a decidir? Lo dudamos. Sólo nos queda mantener la guardia para evitar que vuelva a repetirse el lamentable espectáculo de la cámara anterior. Pero en esta ocasión no seremos tan benevolentes con el alcalde republicano. En aquella ocasión le pedimos reunión y le advertimos de nuestra convicción de que estaba infringiendo las leyes. Nos pidió tiempo para consultarlo y lo que hizo fue ganar tiempo para desmontar el tinglado. Ahora estaremos alerta. Y si se repitiera lo de la cámara anterior, lo denunciaremos ante el órgano competente, además de ante los vecinos.

ALELLA: SECTARISMO E INTOLERANCIA EN FACEBOOK

Hace apenas un rato me he encontrado con la desagradable sorpresa de que el administrador del grupo de Facebook "Alella", el alcalde republicano Andreu FRANCISCO, me ha expulsado del grupo. Y no sólo me ha expulsado sino que además me ha bloqueado el acceso. El grupo "Alella", era un grupo en el que los vecino compartíamos inquietudes, desencuentros, opiniones... Cierto que el grupo lo había creado el alcalde Francisco, pero cierto también que en su descripción no se decia que fuera un grupo de ERC ni de promoción personal de su figura política, aunque el grupo estaba infectado de su autopropaganda. Está contaminado totalmente de propaganda personal del alcalde republicano. Desde que soy regidor he participado en alguna ocasión en algún foro del grupo, he escrito comentarios y he linkado a algunos artículos de mi blog cuya temática es Alella. Algo a lo que el alcalde intolerante y sectario no estaba acostumbrado. Cierto que en alguna ocasión he denunciado trapicheos o irregularidades que comete el alcalde en el ayuntamiento (el asunto más sonado fue el de la cámara ilegal de control semafórico). Cierto también que los comentarios o mis escritos habían provocado el enfado del alcalde (hasta el punto en una ocasión de eliminarme de "amigo del Facebook") o de su familia. Cierto también que en ocasiones el alcalde me llamaba por teléfono para pedirme que suprimiera algún comentario en el muro de Alella o incluso en mi blog (petición que generalmente ha sido atendida porque siempre he primado la relación personal por encima de la política). Pero lo cierto es que mi generosidad en lo personal nunca ha sido bien correspondida por el alcalde. Ayer escribí en el muro de "su grupo de propaganda Alella" algo así como... "Está muy bien que informe a los vecinos de todo lo que hace poniendo fotos de casi todo cuanto hace, aunque sea utilizando recursos muncipales, pero estaría mejor que informara a los vecinos de otras cuestiones como la instalación de dos cámaras de videovigilancia, ¿se dará el contrato a la misma empresa que se le dió el de la cámara ilegal que tuvieron que quitar?". Está claro que no le gustó. Como tampoco le debió gustar algún comentario que puse en alguna de las fotos que ilustran su perfil personal y que son hechas por personal del ayuntamiento con recursos del ayuntamiento y que el alcalde utiliza personalmente. Hay que señalar que hace ya mucho tiempo yo, como regidor, solicité el acceso al archivo fotográfico del ayutamiento y me fue negado. De hecho me han sido negadas incluso las fotografías oficiales mías. Sin embargo, el alcalde republicano FRANCISCO utiliza los recursos públicos como mejor sirven a su propaganda partidista y personal. A modo de ejemplo, basta entrar en la web del Ayuntamiento de Alella y poner en el buscador de la parte superior izquierda el nombre de "andreu francisco" y veréis un resultado de 446 apariciones. O repasar los ejemplares de la revista municipal El Full y comprobar que el alcalde sale fotografiado muchas veces. En cambio, los regidores de la oposición ninguna foto y apenas 9 resultados de búsqueda en la web municipal. La propaganda como arma política acompañada de una actitud totalitaria, sectaria e intolerante con los adversarios políticos no son buenos argumentos para acompañar discursos políticos en un estado democrático y constitucional como el nuestro. Claro que el alcalde republicano es de los que jura el cargo que le proporciona más de 60.000 euros con la falaz fórmula del "prometo por imperativo legal", aunque luego se pase las leyes por el arco del triunfo. La leyes de contratación de las administraciones públicas, la ley de banderas, las normal de procedimiento administrativo, las que sean. En un día como el de hoy, en el que los demócratas celebramos el 31 aniversario de nuestra Constitución, la que nos ha otorgado el período más largo de tranquilidad en muchos siglos de historia en España, algunos que no creen en ella, algunos que la queman, algunos que se ven obligados a jurar sus cargos ante ella por "imperativo legal" para poder cobrar suculentos sueldos a cargo de los Presupuestos Generales del Estado Español, algunos no pueden contener su totalitarismo sectario e intolerante. Por suerte, sólo pueden eliminarnos virtualmente de un grupo cibernético o de "amigos virtuales", por suerte la eliminación, de momento, no puede ser física. Ojalá nunca estén en situación de poder sacarnos de dudas acerca de esa posibilidad.

Al final la conclusión es bien sencilla...ladran, luego cabalgamos. Alella se merece que sigamos cabalgando, mal que les pese.

Os transcribo el comentario que el alcalde intolerante ha escrito en el muro del pueblo de Alella que él utiliza como arma de propaganda política y personal:

Andreu Francisco: Fa un any i mig que vaig crear aquest grup per tal d'establir un canal directe amb la ciutadania d'Alella. Un espai on informar de la feina feta, del que passa i on rebre preguntes, suggeriments i crítiques dels veïns i veïnes. Hem passat moments més tranquils i d'altres més tensos durant tot aquest temps. Ja fa mesos ...que el regidor del PP a Alella va començar a usar aquest grup com a plataforma personal per difondre els seus escrits i les seves idees. El to emprat, les insinuacions, mentides i males formes dels darrers temps, m'han fet prendre la decisió de tallar aquí les seves intervencions en aquest grup. És una decisió molt amarga, molt desagradable, i algú podrà dir que poc democràtica, però m'he cansat. Censura? Cap, ell seguirà informant o desinformant des dels seus propis canals, però no aquí."

Un vecino le ha contestado de forma contundente e imparcial:

"Miguel Martínez Domínguez: Benvolgut senyor Andreu, jo soc un dels veïns que més va agrair la creació d’aquest canal, degut a la meva situació laboral a Alemanya, al principi m’ho vaig prendre com una molt bona iniciativa de comunicació entre ciutadans y govern, però mica en mica hem convertit un espai amb el nom Alella (vull entendre jo, de tots els ciutadans i ciutadanes del poble), en un espai gairebé partidista, mai es contesta cap queixa que no es pugui solucionar, tan sols es responen, públicament almenys, aquelles que tenen una ràpida i satisfactòria solució per a l’interessat. M’explico amb un exemple, el passat 19 de Novembre un ciutadà va fer una denúncia pública, unes obres aparentment il•legals, així com un forat de considerables dimensions a la seva propietat. En comptes d’obtenir una resposta de l’equip de govern, es registra una situació de defensa de dos grups polítics amb comparacions d’allò més absurdes, però del veritable problema que en sabem??, res, de res.

Pel mateix motiu que vostè ha privat “la propaganda personal del senyor Berzosa o del partit que representa”, a mi també m’agradaria que es pogués prohibir aquest tipus de manifestacions per part del seguidors d’altres partits, publicar cartes del senyor Carod, també es pot fer en altres àmbits i altres canals d’informació, no en els destinats a donar una resposta a un ciutadà del Municipi amb problemes mes seriosos que aclarir l’origen dels senyor Carod.

Personalment, no trobo just aquesta forma de tallar la informació, però puc fins i tot arribar a entendre la seva decisió, però si el canal es municipal, penso que tots hi hauríem d’estar d’acord. Estic d’acord que el grup l’ha creat vostè, però el nom y la descripció “Grup del poble d'Alella creat i gestionat personalment per informar sobre el nostre poble i per obrir un canal directe amb la ciutadania.”, el fan de tots i no només de les decisions del moderador. Si tallem aquest tipus d’actuacions, si us plau tallem també les de la banda contrària, potser hi ha gent que ho passa malament llegint comentaris desagradables sobre l’historia del nostre país."

Este es el link del grupo del que he sido expulsado y bloqueado, del grupo del alcalde que no admite crítica, que sólo busca palmeros para una gestión que se caracteriza por el oscurantismo, la falta de transparencia, el enchufismo, lo digital: http://www.facebook.com/home.php?#/group.php?gid=15207159643&ref=ts

 

Y este es el link del grupo que he decidido crear como espacio abierto en el que informar de mi pueblo, de Alella, de sus cosas, de sus gentes, de sus fiestas, de mi partido, de lo que hago como regidor del Partido Popular, de lo que hace el alcalde republicano, de las irregularidades, de los chanchullos, de lo que sea que tenga relación con Alella. Y todos podrán decir la suya. Este es el muro de la libertad de Alella, sin funcionarios palmeros, sin miedo a que le pueda molestar al alcalde:  http://www.facebook.com/group.php?v=app_2373072738&ref=mf&gid=360768130450#/group.php?gid=360768130450

 

DE OBISPOS, PRESIDENTES Y BANDERAS

El oficio con la bandera nacional y el escudo del Aguila de San Juan

Zapatero en Mathausen con las banderas republicana y separatista catalana

El pasado fin de semana el obispo de Alcalá de Henares, Juan Antonio Reig Plá, ofició una ceremonia religiosa en recuerdo de los miles de mártires de Paracuellos del Jarama.

Las llamadas matanzas de Paracuellos fueron una serie de episodios organizados de asesinato masivo de varios miles de prisioneros considerados opuestos al bando republicano. Tuvieron lugar durante la Batalla de Madrid en el transcurso de la Guerra Civil Española, en los parajes del arroyo de San José, en Paracuellos de Jarama, y Soto de Aldovea, en el término de Torrejón de Ardoz, cercano a la capital española.

Las matanzas se realizaron aprovechando los traslados de presos de diversas cárceles madrileñas, conocidos popularmente como sacas, llevados a cabo entre el 7 de noviembre y el 4 de diciembre de 1936, mientras se enfrentaban las tropas gubernamentales y franquistas por el control de la ciudad. Del total de 33 sacas de presos que tuvieron lugar en las fechas citadas, 23 de ellas terminaron en asesinatos: las de los días 7, 8, 9, 18, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30 de noviembre y las del 1 y el 3 de diciembre. Entre el 10 y el 17 de noviembre no hubo extracción alguna, y desde el 4 de diciembre cesaron.

Los convoyes mencionados fueron desviados hacia los lugares del arroyo San José, en la vega del río Jarama, y a un caz o canal de irrigación fuera de uso, en la vega del río del Henares donde miles de prisioneros fueron asesinados. Entre ellos se encontraban militares que habían participado en la sublevación o que no se habían incorporado a la defensa de la República, falangistas, religiosos, militantes de la derecha, burgueses y otras personas que en su inmensa mayoría habían sido detenidas por ser simplemente consideradas como partidarias de la sublevación, y custodiadas sin amparo legal ni acusación formal.

Tras ser extraídos de las prisiones con listas elaboradas y notificaciones de traslado o libertad con membrete de la Dirección General de Seguridad y, en ocasiones, firmadas por Segundo Serrano Poncela, el delegado de Orden Público de la Consejería de Orden Público de la Junta de Defensa de Madrid, encabezada por Santiago Carrillo, y posteriormente fusilados de manera sumaria por milicias pertenecientes a las organizaciones obreras. Antes del 7 de noviembre ya habían tenido lugar algunas sacas, especialmente durante el mes de octubre, fruto del cambio de manos del control de las prisiones, que pasó de las de los funcionarios de prisiones a las de las milicias a raíz del asalto a la Cárcel Modelo, que tuvo lugar el 22 de agosto de 1936, si bien el número de asesinados fue mucho menor y carecieron del carácter sistemático y organizado que tuvieron las de noviembre y diciembre.

La matanzas de Paracuellos son consideradas las de mayor dimensión que tuvieron lugar en la retaguardia de la zona republicana. El número de asesinados ascendió a varios miles, entre 3.000 y 6.000, si bien la cifra exacta sigue siendo objeto de discrepancia y controversia. También son objeto de enconadas discusiones aspectos como quién dio la orden de ejecutar a los evacuados de las cárceles, por qué unas sacas terminaron en asesinatos masivos en tanto que en otras los prisioneros llegaban sanos y salvos a su destino y, en definitiva, las responsabilidades directas e indirectas de los fusilamientos.

Pero la polémica no residía en el motivo de la celebración, en el oficio de recuerdo o en el homenaje posterior ante las fosas comunes. La discordía nacía de la presencia en el altar de lo que el PSOE de Alcalá de Henares calificó como "bandera preconstitucional". La ignorancia de algunos les lleva a desconocer la verdad. La Bandera de España, conocida como la Rojigualda, con todos sus elementos actuales fue adoptada el 5 de octubre de 1981 al aprobarse la Ley que establece la última versión del Escudo Nacional. Con anterioridad, la Constitución de 27 de diciembre de 1978 especificaba en su Artículo 4.1: «La bandera de España está formada por tres franjas horizontales, roja, amarilla y roja, siendo la amarilla de doble anchura que cada una de las rojas». Se trata del mismo diseño que fue adoptado como pabellón nacional de España en 1785, y que, a excepción del diseño adoptado entre 1931 y 1939 en la II República, sólo ha ido variando el modelo de Escudo Nacional. Y a eso se referían los socialistas alcaleños cuando alegaron la ilegalidad de la enseña nacional. Pero su lerdez también aquí les hizo faltar a la verdad. El escudo que aparece en la bandera nacional, la vigente, que recoge la fotografía no es el franquista como dicen. El Aguila de San Juan constituye enseña nacional desde los Reyes Católicos, en sus distintas manfiestaciones. Pero el escudo de la bandera en cuestión es el aprobado en 1977, muerto ya Franco, y que estuvo vigente entre el 11 de octubre de 1977 y el 5 de octubre de 1981, fecha en la que el escudo fue sustituido por el actual. Ls columnas del Non Plus Ultra del escudo de 1977 están recogidas bajo las alar encorvadas del águila, a diferencia de los escudos vigentes entre 1938 y 1977 que estaban fuera de las rectas alas. En cualquier caso, el escudo del Aguila de San Juan es más constitucional que el actual ya que corona el ejemplar original de nuestra Constitución de 1978.

Otra historia distinta es la de la utilización de banderas ilegales que no representan a la nación española aunque si lo hicieran en épocas felizmente pasadas. Me refiero a la bandera de la II República que acompaño a Zapatero en su visita homenaje a los muertos en el campo de concentración de Mathausen. Junto a esa bandera, que en la actualidad sólo representa a radicales antidemócratas y antisistema, también adornaban la figura del presidente socialista banderas de las denominadas esteladas y que nunca jamás representaron a nación, región, o comunidad autónoma alguna, aunque sí representaran en su momento a algún partido catalanista y ahora represente a grupos radicales antiespañolistas y separatistas. Lo de Zapatero es exactamente lo mismo que si apareciera en el Valle de los Caidos junto con banderas de Falange Española y de las JONS o de la Comunión Tradicionalista. Aunque éstas banderas si fueron oficiales de España hasta 1945 ondeando legalmente junto a la enseña nacional, la rojigualda, en su consideración de banderas políticas del Nuevo Estado Español. En la actualidad, además del bagaje histórico de esas banderas, representan a determinados partidos políticos, de la misma forma que lo hacen la republicana y la estelada.

ALELLA: REEDICIÓN PASTELEADA DEL POUM 2004

Las máscaras están en el suelo. Las consultas ilegales autodenominadas soberanistas han permitido visualizar un acercamiento entre ERC y CiU en todo Catalunya. También en Alella ambos partidos se han aproximado hasta el punto de confundir a sus respectivos electores. CiU ya no engaña a nadie. Es tan independentista como pueda serlo ERC. Se está tramando un futuro gobierno municipal independentista que olvide los problemas reales de los vecinos de Alella para ocuparse de falaces discursos nacionales de una patria que sólo lo es si forma parte de España.

Con la aprobación del Avance del POUM se ha visualizado que ambos grupos ERC y CiU han estado reuniéndose a espaldas del resto de grupos municipales para pastelear la aprobación del futuro urbanístico de Alella para los próximos 15 años. Pretenden vendernos la moto de que han estado "trabajando" en la redacción del Avance que se aprobó en el pasado Pleno, cuando lo cierto es que simplemente han cogido los trabajos hechos en el anterior intento por parte de ERC de redacción del POUM en 2004 y que al boicotearlo CiU por falta de protagonismo acabó cogiendo polvo en un cajón. Ahora lo han desempolvado y han acordado decir a los alellenses que han trabajado mucho para poner en marcha el POUM. Sin embargo, lo cierto es que no han hecho nada. Simplemente lamerse el uno al otro y viceversa, y presentar el mismo plan de participación ciudadana, el mismo documento que en el 2004 con unos ligeros retoques que hizo el técnico responsable y nada más. Basta leer el Full de este mes para ver cómo coinciden en sus artículos, como se echan flores los unos a los otros, como desde el equipo de propaganda de Alcaldía incluso le han regalado una foto a CiU de las que sólo puede hacer uso el alcalde aunque las paguemos todos los vecinos.

Un detalle, el Plan vigente es del año 1987, tal y como acertadamente recoge en su artículo ERC-LG, sin embargo, tras tantas "reuniones de trabajo" entre ambos grupos, en CiU aún no se han enterado y lo ubican en 1984. El lapsus no sabemos si es por desconocimiento, ignorancia o por una traición neuronal que les confunde con la obra de Orwell, aquella en el que la sociedad del futuro está dominada por la neolengua catalana, la administración controladora que todo lo organiza, el Gran Hermano con cámaras por todo el pueblo, la policía del pensamiento que persigue a quien se dice catalán pero sobre todo español...

El futuro urbanístico de Alella ha sido cocinado de espaldas a los partidos que de verdad hacen oposición, y de espaldas a unos vecinos a los que se pretende embaucar en un proceso de participación que ya tiene fechas de imposible cumplimiento. Y simplemente porque ERC-LG y CiU ya ha preparado el pastel en su cocinita particular. Ahora sólo queda que nos lo hagan tragar. Buen provecho.

LAS CONSULTAS SOBERANISTAS SON "JAUJA" O UN CACHONDEO

Finalmente, ante el pavor a acabar haciendo el ridículo por el desinterés de la inmensa mayoría de ciudadanos de Catalunya que pasa de chorradas y más si éstas son ilegales, los organizadores de la butifarrada soberanistas han decidido dejar votar a aquellos que con la ley en la mano no pueden votar. Han convencido a los inmigrantes, ilegales o no, de que les conviene votar en las consultas separatistas ilegales previstas para el próximo 13 de diciembre en algunos municipios catalanes. También podrán votar los mayores de 16 años. A los inmigrantes ilegales les generarán un justificante de haber votado que, les han dicho, les servirá después para acreditar el arraigo en Catalunya y poder "arreglar papeles". Resulta deleznable el engaño y la utilización de estos colectivos para engordar unos números que ya saben parcos. Incluso en algunos municipios, como El Masnou, hace días que se puede ir votando poco a poco. Si, parece un chiste pero es verdad, cada tarde se pone una urna en alguna parte del municipio durante un par de horillas para que quien pase por allí pueda dejar unos votillos.

Si ellos mismos se toman en cachondeo el asunto, no es de extrañar que algunos periodistas nada sospechosos de ser especialmente españolistas haya dicho que esto es "jauja".

Si hasta ahora las consultillas eran ilegales ahora ellos mismos las han rebajado al nivel de puro cachondeo, de chufla, de pantomima, de gilipollez. Y para rematar el asunto, se pasan las ordenanzas municipales que protegen los árboles prohibiendo poner sobre ellos alambres o propaganda de ningún tipo colgando un colgajo de un alambre enganchado a las ramas en el que se puede leer "13-D, Decidim.cat". Impresentable.

PRESIDENT LAPORTA...BORRACHO Y "COLOCADO"

Laporta frotándose con una clienta

Descorchando champagne francés, nada de hacer patria

Botella en mano y más pallá que pacá

Tras alguna visita al WC, más alegre, bañado en champagne y Cohiba en mano

Aparentando seriedad, sin ducharse en champagne ni Cohiba en mano

En lugar de botellón y puro...antorcha y Puigcercós

El desenfreno de Laporta en 'Luz de Gas'

La Gaceta, 01 de December, 2009 M. L. S.

El presidente 'culé' celebró hasta altas horas de la madrugada con champán francés la victoria de su equipo.

Las imágenes adjuntas tienen fecha y lugar: madrugada del lunes, discoteca Luz de Gas, en el centro de Barcelona. Joan Laporta decidió tomarse la noche libre para salir a festejar la semana fantástica que completó su equipo con la victoria ante el Madrid. El mismo Laporta que sonreía a cámara en el palco, tan formal él a la vera de Florentino, apareció por su local de copas favorito con sed, mucha sed. Y muchas ganas de juerga, dispuesto a enseñar su otra cara, tan controvertida o más que la institucional. Y la enseñó, vaya si la enseñó.

El mandatario presidió con sorprendente desinhibición un homenaje al chovinismo culé en toda regla. Pasaron las copas con asombrosa velocidad. Hubo congas, bailes, cánticos, caras desencajadas, idas y venidas a los servicios, puros y felicidad, mucha felicidad. Llovió el champán –¿no pegaba más el cava catalán?– y el esqueleto no se detuvo hasta el amanecer. Sobran las palabras porque gritan los documentos. Vean.

El máximo dirigente culé –dejará la presidencia del club en junio– llegó a la sala barcelonesa cerca de las dos de la mañana, acompañado de Xavier Sala i Martí, amigo aventajado al que ya vendió en más de una ocasión para su sucesión. Ambos lucían felices y en sus rostros se adivinaba satisfacción, ganas de fiesta. A Sala i Martí le chillaba su americana verde mientras que Laporta vestía impoluto con traje oscuro y corbata roja. El recinto tenía menos de medio aforo en una noche fresca y tranquila. De resaca futbolera.

Antes de olvidarse de quién es y dar rienda suelta al desenfreno, Laporta se mantuvo sereno, departiendo con tres exhuberantes chicas, puro en mano y trago a trago. Hasta ahí todo normal. Resultó que cuando la ginebra hizo su trabajo y la música le llegó al corazón, Laporta se desató ante los flashes de las cámaras y la incredulidad general. Sala i Martí, más discreto que su presidente y sus americanas, percibió el percal y se borró del show, contemplándolo alejado, sentado en la barra. El caso es que, de pronto, la megafonía le hizo un guiño a Laporta. Sonó el himno del Barça y el presidente culé comenzó a botar, abrazado a compañeros trajeados, de un lado para otro, disfrutando de esos acordes blaugranas. Puro espectáculo. Extasiado y visiblemente perjudicado, se acercó a la barra, descorchó una botella de champán y comenzó a regar a los allí presentes. Eran las 03:35 de la mañana.

-“Perdone, ¿cuánto vale cada botella, por curiosidad?”.

-“Unos 100 euros. Es Champán G. H. Mumm, francés”, contestó el camarero. Duda resuelta. Nada de cava. Champán francés para derrochar. El de la Fórmula Uno. Cuatro litros del preciado líquido fueron a parar al suelo de la discoteca. Aquel fue el momento de la noche. El presidente azulgrana, preso de la euforia, se inclinó la botella sobre sí mismo y el champán comenzó a caer sobre su desabrochada camisa. Espectacular.

Retumbó el siguiente tema: Viva la Vida de la banda británica Coldplay, canción que apadrinó el Barça del triplete. Aquello fue el no va más. En pleno delirio, aparecieron por la sala Vicky Martín Berrocal y unos amigos. Se intercambiaron abrazos y frases, se abrazaron y, en fila india, a ritmo de conga, deambularon de un lado a otro de la pista, ente gritos, aplausos y locura general, pasándoselo en grande, entregados a la fiesta a todo gas.

POR LA DIGNIDAD DE LA ABOGACIA

Pedro Yúfera Sales, el Decano presionante del ICAB

Por la dignidad de la abogacía

Los abogados que suscribimos, colegiados del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona (ICAB), manifestamos nuestra más rotundo rechazo a la adhesión realizada por el Decano y de la Junta de Gobierno al manifiesto denominado “La dignidad de Catalunya”.

La adhesión a dicho manifiesto constituye una intolerable presión al Tribunal Constitucional en sus deliberaciones de la sentencia que debe resolver el recurso de inconstitucionalidad que pende sobre el Estatut de Cataluña de 2006. Resulta desde todo punto inadmisible que el Colegio de Abogados más importante de Cataluña y el segundo en importancia de España avale con la referida adhesión el ataque contra la independencia de este órgano constitucional. No podemos aceptar que nuestro Colegio, se preste a ser otro mensajero de la amenaza a la Justicia constitucional y, en definitiva, al garante de los derechos y las libertades de los ciudadanos.

Ningún grupo de ciudadanos, ni colectivo, ni siquiera que se diga mayoría, puede hacer llegar amenazas, veladas o explícitas, al Tribunal Constitucional, dirigidas a condicionar el ejercicio libre y en conciencia de su trascendental e insobornable función de juzgar sobre la constitucionalidad de las leyes, de cualquier Ley, sea cual sea el Poder constituido que la haya elaborado y las mayorías o minorías que las hayan respaldado.

Los abogados como profesionales de la Justicia no podemos permitir que se ponga en entredicho la labor del Tribunal Constitucional pues, haciendo esto, se cuestiona todo nuestro sistema institucional. Pues hoy es presionado o amenazado el Tribunal Constitucional y mañana puede serlo el Tribunal Supremo o cualquier otro tribunal o instancia judicial. El abogado como interviniente indispensable de la Administración de Justicia no puede presionar a otro agente de la misma, sea Juez, Fiscal, Secretario, funcionario o Procurador, ya que en otro caso tampoco podremos invocar nuestra independencia en términos de reciprocidad.

Y si alguna vez alguien incurre en este despropósito, como es el caso del llamado “Manifiesto por la dignidad de Catalunya”, lo que esperamos los abogados de Barcelona, lo que exigimos, es que nuestro Colegio, a través de sus órganos de gobierno que nos dirigen y representan, respalde a los órganos constitucionales y su independencia que, en definitiva, es ponerse del lado de los ciudadanos y de sus libertades, y acuda con todos los medios a su alcance a la defensa de la Norma Jurídica fundamental que las consagra, la Constitución, y por supuesto y en coherencia del Tribunal de Justicia que las defiende, el Tribunal Constitucional.

La única postura admisible de los órganos de gobierno de nuestro Colegio, si es que deciden intervenir en el debate público, es la de ayudar a la ciudadanía dando luz y claridad sobre el sentido de las Leyes con razonamientos y argumentos no, desde luego, aplaudiendo y menos adhiriéndose ciegamente a manifiestos manipuladores lanzados desde algunas instancias en su afán de zafarse del control constitucional de sus actos, no dudando en manipular los sentimientos de los ciudadanos hasta el punto de predisponerlos, con la utilización de un lenguaje emotivo, en contra del Tribunal que ha de juzgar si con sus decisiones han vulnerado o no la Ley de leyes, la norma fundamental que garantiza nuestra convivencia en paz y respeto y que preserva y protege las libertades de todos.

Por el contrario, los abogados catalanes que suscribimos este documento

manifestamos nuestra plena confianza en la labor del Tribunal Constitucional, a pesar de las múltiples presiones que está recibiendo desde diferentes sectores; no pudiendo olvidar que, por su contrastada trayectoria y fecundo trabajo, ha sabido ser el máximo garante de los derechos y las libertades de los ciudadanos.

Resulta intolerable que el Decano y la Junta de Gobierno del Colegio se arroguen la representatividad de la totalidad de los abogados de Barcelona en la realización de manifestaciones de estricto contenido político, careciendo potestad estatutaria ni legitimidad de ningún tipo para ello. Ni el Decano ni la Junta fueron elegidos para realizar manifestaciones políticas, ni en su programa electoral siquiera se contenía la menor referencia al Estatuto y al recurso ante el Tribunal Constitucional. Si es voluntad del Decano y de la Junta de Gobierno intervenir en asuntos de la vida política deben dimitir de sus cargos y actuar a través de los partidos políticos, pero no utilizar una Corporación profesional para finalidades políticas ajenas a la profesión, ni utilizar ésta para espurios fines personales de proyección pública o política.

El Decano y la Junta de Gobierno han comprometido el prestigio y la independencia de la institución que representan. El Colegio aglutina un amplio colectivo formado por personas de diferentes ideologías pero que tenemos en común la defensa del Derecho, la Justicia y los órganos constitucionales que democráticamente nos hemos otorgado. El Decano y la Junta de Gobierno han malbaratado el saber hacer de Ilustres compañeros que les han precedido en dicha responsabilidad, incluso en épocas más comprometidas, quienes si supieron llevar a cabo su compromiso con sensatez, prudencia, firmeza y determinación.

Es por ello que exigimos una explicación por parte del Decano y de toda la Junta de Gobierno y, a su vista, decidir sobre el proceder colegial para con ellos, Y ello es así, habida cuenta que, de no rectificarse a nivel corporativo el dislate en que se ha incurrido, deberá articularse corporativamente el remedio que ponga en su lugar el Colegio al que pertenecemos.

Por la dignidad de la abogacía.

Barcelona, 30 de noviembre de 2009.

PPC: "No més peatges a casa nostra, no més peatges a Catalunya"

"19.11.09

Sánchez-Camacho: "el PPC trabajará para que los catalanes no tengan que circular por las carreteras más caras de España"

La presidenta del PPC, Alicia Sánchez-Camacho, ha explicado hoy que "el PPC trabajará para que los catalanes no tengan que sufrir más agravios y no tengan que circular por las carreteras más caras de España". Sánchez-Camacho ha hecho estas declaraciones hoy en Mollet del Vallès donde ha presentado una campaña en contra de la creación de nuevos peajes en Cataluña.

La presidenta de los populares ha denunciado la intención del Gobierno de la Generalitat de crear un nuevo peaje al nuevo túnel entre Mollet y Badalona de la carretera B-500. "Denunciamos la hipocresía del Gobierno de la Generalitat y nos gustaría que los partidos que forman el Gobierno, y muy especialmente ERC, nos explicaran dónde ha quedado la" Cataluña libre de peajes ".

En este sentido ha señalado que "desde que gobierna el tripartito los peajes han subido siempre por encima del IPC y ahora quieren penalizar a los catalanes con más peajes". Por este motivo, la presidenta de los populares ha recordado que "la única administración que ha eliminado peajes en Cataluña es el Gobierno del Partido Popular, al suprimir el se Sant Cugat al'AP7, que se convirtió en la B30".

La presidenta del PPC ha explicado las propuestas del PPC en este ámbito, como por ejemplo, la supresión de los peajes donde no haya una alternativa en condiciones (C32 de Badalona a Mataró, el de Les Fonts de Terrassa; rebajas en los túneles del Cadí y del Garraf). Asimismo ha afirmado que "nos oponemos a que se aumente el precio de los peajes en momentos de máxima afluencia de vehículos con el objetivo de descongestionar". "Si la carretera está congestionada, lo lógico sería rebajar el precio, ya que no se puede dar un servicio en condiciones", ha concluido. "

En el marco de esta campaña, próximamente, Alicia Sánchez-Camacho visitará Alella incorporando nuestro municipio a la campaña por la supresión de peajes.

PP: Las 50 recetas del Partido Popular contra la corrupción política

ABC, 20-11-2009

El PP plantea en su paquete de medidas para luchar contra la corrupción que se publiquen las retribuciones íntegras de los cargos públicos y electos, así como de directivos y personal de confianza de las instituciones. También propone hacer públicas las declaraciones de bienes y "prohibir la aceptación" de determinados regalos que "no respondan, por su importe o causa, a los usos y costumbres sociales". Además, quiere que en los asuntos urbanísticos haya más controles y se otorgue más peso al personal técnico y no al político.

Así se recoge en el documento que ha elaborado el primer partido de la oposición con las bases para el Pacto por la Transparencia y contra la Corrupción que mañana detallará el líder del PP, Mariano Rajoy, en la clausura de la XV Intermunicipal que el partido está celebrando en Sevilla. Este texto será ofrecido a partir de mañana a las demás fuerzas políticas.

Según el Partido Popular, este documento con 50 propuestas -en el que han colaborado numerosos expertos-- desarrolla los tres principios en los que "fundamenta su voluntad de dignificar la vida política: transparencia y control, buena administración y firmeza política en la lucha contra la corrupción".

Más poder para el tribunal de cuentas

En el primer capítulo, relativo al fortalecimiento de los controles institucionales, el PP planeta que se garantice la convocatoria de oposiciones para los funcionarios de carrera hasta la cobertura de todas las plazas; facilitar la creación de comisiones de investigación; potenciar el Tribunal de Cuentas y las Cámaras de Cuentas autonómicas, aumentando sus facultades de fiscalización y control; y aplicar desde el Tribunal de Cuentas planes específicos destinados al control de cuentas de las entidades locales". Igualmente, apuesta por agilizar los procedimientos de revisión de los estados contables y financieros de los ayuntamientos para que la rendición de cuentas sea más eficaz, instar a las administraciones públicas a la privación de subvenciones y transferencias públicas a las instituciones que no remitan la información financiera y contable a estos organismos, y "reforzar la responsabilidad personal del responsable público que no remita la cuenta general de la entidad local".

Dentro de este bloque, los 'populares' defienden mejorar los medios materiales y humanos del sistema judicial y "garantizar la objetividad e imparcialidad de la Fiscalía Anticorrupción", ampliar la colaboración de los Defensores del Pueblo en la detección de casos de corrupción, generalizar auditorias externas por parte de los ayuntamientos y convocar automáticamente elecciones parciales en caso de disolución de una corporación local.

Retribuciones y comparecencias en pleno

Con el fin de incrementar la transparencia en la gestión, el PP pide que se publiquen las retribuciones íntegras (certificado de haberes) de los cargos electos y de su personal de confianza; publicar detalladamente el procedimiento de concesión de subvenciones, con determinación de la cuantía y del beneficiario; posibilitar la incorporación de la oposición a los Consejos de Administración de las sociedades y empresas públicas, y a los patronatos de las fundaciones locales. En este paquete de propuestas, demandan que se regule la comparecencia en Pleno o en comisiones informativas de los directivos de organismos, empresas, patronatos y servicios municipales y que se promuevan instrumentos de evaluación de la gestión pública, mediante indicadores públicos de gestión y eficiencia del gasto que puedan compararse entre administraciones.

Además, proponen que se ofrezca publicidad específica en todo lo relativo al planeamiento urbanístico y sus modificaciones (incluyendo convenios urbanísticos, cambios de propiedad, recalificación y plusvalías derivadas del suelo) y que se modifiquen las comisiones regionales y provinciales de ordenación del territorio y urbanismo para sustituir a los políticos por personas con perfil técnico.

Más control en la contratación

Para aumentar la objetividad en la gestión pública, el PP defiende atribuir la presidencia de las mesas de contratación a un empleado público de carrera de la entidad local, endurecer las prohibiciones de contratar en los supuestos en los que el contratista haya sido condenado por sentencia firme por determinados delitos, establecer como regla regenera los procedimientos de adjudicación que permitan la más amplia concurrencia, evitar el exceso de contratación de servicios ajenos al ayuntamiento y garantizar el cumplimiento de los principios de publicidad, concurrencia, transparencia, igualdad, objetividad y no discriminación en la contratación.

En el caso concreto de los cargos electos, defiende que se hagan públicas sus declaraciones de bienes, trasladar al registro de bienes los cambios patrimoniales o de actividades que se produzcan, homologar las retribuciones de los miembros de las corporaciones locales en atención a criterios de población y presupuesto, limitar la posibilidad de compatibilizar la actividad pública y privada de los empleados públicos municipales y regular claramente la separación de lo público y lo privado.

Dentro de este capítulo, plantean "prohibir la aceptación de cualesquiera regalos, atenciones o liberalidades que no respondan, por su importe o causa, a los usos y costumbres sociales". En línea con esta propuesta, el PP también está trabajando en un código ético para sus dirigentes que aprobará en la próxima reunión de su Comité Ejecutivo.

Además, proponen que se reduzcan los gastos de protocolo, que se racionalice "el uso de vehículos del parque móvil y que se limite "el gasto en teléfonos móviles, publicidad y viajes". Añade que hacer austeridad en la gestión económica es la primera directriz en el manejo de las arcas públicas y de los medios a disposición de los representantes políticos.

Contra los transfugas

En el capítulo relativo a la gobernabilidad de las instituciones, exige que se garantice el cumplimiento del Pacto Antitransfuguismo y que "los líderes de todos los partidos asuman el compromiso" de no incluir a ningún tránsfuga en sus listas, una petición que el PP ha venido haciendo desde que 12 ex ediles socialistas desbancaron a su partido del ayuntamiento de Benidorm (Alicante). Asimismo, proponen que se incorpore al Pacto Antitransfuguismo la prohibición de que los tránsfugas tengan un papel ejecutivo en el gobierno local que surja tras una moción de censura participada o promovida por éstos, así como evitar situaciones en las que determinados cargos electos en prisión provisional sigan ostentando responsabilidades ejecutivas.

Para luchar contra "los comportamientos corruptos", los 'populares' solicitan que se mejore la protección de los empleados públicos que denuncien actividades fraudulentas y corruptas; endurecer las penas por denuncias falsas; e incorporar el compromiso de reintegrar a los municipios afectados los bienes incautados en los delitos de corrupción cometidos por responsables públicos locales.

PP: El PP ultima el Código de Buenas Prácticas para que entre en vigor en enero

LA GACETA
29 de noviembre, 2009

La vicesecretaria de Organización del PP, Ana Mato, está ultimando con el equipo jurídico del partido un Código de Buenas Prácticas que prohibirá recibir determinados regalos y vigilará más el procedimiento de contratación del partido. Se prevé que pueda aplicarse con la entrada del nuevo año.

La vicesecretaria de Organización del PP, Ana Mato, está ultimando con el equipo jurídico del partido un Código de Buenas Prácticas que prohibirá recibir determinados regalos y vigilará más el procedimiento de contratación del partido. Se prevé que lo apruebe el Comité Ejecutivo que tendrá lugar en la segunda quincena de diciembre para que pueda aplicarse con la entrada del nuevo año.

Con estas reglas de conducta el PP quiere reforzar su "compromiso ético", potenciando la transparencia y el compromiso de ejemplaridad de los cargos del PP. Para ello, pretende ir más allá de lo legalmente exigible, como ha dicho reiteradamente Mariano Rajoy.

Ana Mato aseguró que el objetivo de este código es aumentar "la transparencia, la exigencia, la responsabilidad y la ejemplardad", un "compromiso público" que, según dijo, tendrán que asumir los cargos de su partido.

La regulación de los regalos ocupará un capítulo clave, después de que el llamado caso Gürtel haya puesto en la picota las supuestas dádivas con las que miembros de la trama de corrupción liderada por Francisco Correa agasajaban a cargos públicos del PP.

El PP prohibirá la aceptación de regalos que no respondan por su importe o causa a los usos y costumbres sociales, en línea con la propuesta que el partido ha incluido en el Pacto por la Transparencia y contra la Corrupción que han remitido a los demás partidos. Tampoco se pondrán recibir regalos de empresas que trabajen con el partido.

Aunque el cumplimiento de estas exigencias dependerá en buena parte de la actitud de la persona, el partido quiere controlarlo en la medida de lo posible a través de los Comités de Derechos y Garantías del PP.

El Código de Buenas Prácticas también recogerá un apartado relativo a la transparencia del sistema de gestión interna del PP. El objetivo es vigilar más los procedimientos de contratación (en línea con las cláusulas de la Ley de contratos del Estado sobre publicidad y concurso), así como exigir unos requisitos éticos a las empresas. Rajoy ya anunció en octubre que a partir de ahora intentará enterarse de quien está detrás de las organizaciones de los actos del partido para que en el futuro no se repitan episodios como los de caso Gürtel.

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, destacó hace unas semanas que la convención que el partido celebró en Barcelona era el primer acto de esta envergadura que no se había encargado a ninguna empresa externa.

El nuevo texto que está preparando Ana Mato guardará similitudes con el que en 1993 impulsó José María Aznar, entonces presidente nacional del PP, a raíz de los casos de corrupción que salpicaban a la administración de Felipe González.

PSOE: La Justicia sentencia que De la Vega se empadronó de forma “irregular”

Finca en Beneixida (Valencia) con el que, según el fallo, De la Vega obtuvo un “beneficio patrimonial”

La condenada en costas luciendo palmito en la playa.

LA GACETA.
23 de noviembre, 2009 I. M. Madrid

La Audiencia Provincial de Madrid concluye que la vicepresidenta se benefició de una recalificación en Valencia. El precio del terreno pasó de 9 euros a entre 70 y 100 por metro cuadrado. El fallo dice que no hubo menoscabo del derecho al honor.

La vicepresidenta primera del Gobierno recibió ayer un duro revés judicial. La Audiencia Provincial de Madrid ha echado por tierra el recurso de apelación de María Teresa Fernández de la Vega contra el vicesecretario de comunicación del Partido Popular, Esteban González Pons, condenándola así a pagar las costas de los dos procesos judiciales.

La Sección 13 de la Audiencia Provincial suscribe la sentencia del juzgado de Primera Instancia número 63 de Madrid, fechada el 5 de marzo de 2009, que desestimaba la demanda interpuesta por la vicepresidenta contra el diputado valenciano.

Este nuevo fallo, del 20 de noviembre de 2009, supone, por tanto, una segunda batalla perdida en los tribunales de De la Vega. La pugna judicial se remonta al 5 de diciembre de 2007, cuando en una rueda de prensa González Pons acusó a la número dos del Ejecutivo de haberse beneficiado de un “pelotazo” urbanístico en la localidad valenciana de Beneixida y sembró la duda acerca de su empadronamiento en el mismo lugar donde se había provocado la recalificación urbanística.

Es entonces cuando De la Vega presenta una demanda contra el dirigente popular por intromisión al derecho al honor, lo que da lugar a dos sentencias consecutivas que desmontan la tesis de la portavoz del Gobierno y su abogado. Además de desestimar que no ha existido tal vulneración del derecho al honor, el fallo de la Audiencia Provincial de Madrid, en consonancia con lo que denunciaba González Pons en rueda de prensa, pone de manifiesto el “carácter irregular” del empadronamiento y el “beneficio patrimonial” que obtuvo De la Vega en Valencia. “De la prueba practicada se infiere tanto el carácter irregular del reiterado empadronamiento —con una particular interpretación de “residencia habitual” con la que tuvo lugar— así como el beneficio patrimonial obtenido por la demandante en virtud de la reclasificación y posterior urbanización de sus terrenos, que luego fueron vendidos”, reza el fallo del que es ponente José Luis Zarco Olivo.

La sentencia explica que de una prueba practicada se deduce que la ministra portavoz del Gobierno, y con anterioridad su familia, era “propietaria de terrenos agrícolas en el municipio de Beneixida (Valencia), que como consecuencia de su reclasificación, pasaron a ser terreno industrial y que, tras el desarrollo del PAI —Planes de Actuación Integrada— y urbanización del polígono industrial en que se encontraban dichas tierras, el precio del terreno ascendió de 9 euros por metro cuadrado (rústico) a “de 70 a 100 euros metro cuadrado (industrial)”, según reconoció el representante legal de la empresa que intervino como agente urbanizador del polígono industrial. Es más, de la declaración del primo de la demandante —de la propia De la Vega— se desprende que “tras la recalificación y posterior urbanización de aquellos terrenos se procedió a su venta por 72.000 euros”. El pariente de la ministra de presidencia es el mismo que desvela al juez que “empadronó a aquella —a De la Vega— mediante un poder que le había otorgado; que su prima le comunicó su decisión de empadronarse en aquella localidad sin explicarle el motivo de aquella decisión; y que su domicilio habitual estaba en Madrid que es donde continúa por razón de su cargo”.

Las críticas vertidas por González Pons en la rueda de prensa con respecto al controvertido empadronamiento son objeto de alegación por parte del abogado de la vicepresidenta primera, pero el juez de la Audiencia Provincial de Madrid las rechaza y se muestra contundente al respecto: “La información suministrada por el demandado —González Pons— en el sentido de haberse empadronado la actora en Beneixida 15 días antes, en secreto, en un naranjal y por medio de un primo suyo, y su consideración como “empadronamiento irregular” en ningún caso puede ser considerado una intromisión ilegítima en el honor de la demandante cuando es notorio el sentido amplio en que los políticos de distinto signo aprecian su “vecindad” y “residencia habitual” a fin de distribuirse las candidaturas de las diferentes demarcaciones electorales aun cuando, en el desempeño de sus actuaciones profesionales, habitualmente residen en distinto lugar”. Esto, según continúa el fallo, “puede ser calificado como “irregular” sin por ello lesionar la dignidad de la persona a la que se refiere la información, menoscabar su fama o atentar contra su propia estimación”.

“Pelotazo”

La impugnación de la mano derecha de Zapatero pone en cuestión la utilización por parte de Pons del término “pelotazo”. Tras reproducir el contenido íntegro de la rueda de prensa que ha examinado la Audiencia Provincial de Madrid, la sentencia vuelve a tumbar la teoría de la ministra: “Su contenido y los términos en que se trasmite impiden apreciar la directa imputación a la demandante de los hechos que la hagan desmerecer en la opinión pública, limitándose el demandado a comunicar en la rueda de prensa (...) a dejar constancia de la relevancia que, de ser ciertos aquellos hechos, tendrían en las elecciones en que participaban tanto la demandante como el demandado, lo que ya sería suficiente para rechazar la “manipulación de hechos” que denuncia la recurrente”.

Más tarde, los magistrados vuelven a insistir en que los argumentos de De la Vega no impiden rechazar la alegada manipulación de hechos y la falta del deber de diligencia del informador que se atribuye a la sentencia de primera instancia “en cuanto se ha probado el beneficio económico obtenido por la actora cuando procedió a la venta de los terrenos que previamente habían sido reclasificados y urbanizados”.

La sentencia entra a valorar la actitud del popular, afirmando que “el propósito de criticar la labor de otro grupo político (...) no es sólo una conducta lícita, sino absolutamente necesaria para hacer efectivo el derecho de los ciudadanos a conocer cómo se gobiernan los asuntos públicos”. Y continúa apoyando la actitud del diputado valenciano, detallando que la utilización del término pelotazo, “aunque implica un desdoro, está relacionada con la noticia y no es desproporcionada con su contenido”. Así, continúa diciendo que es una expresión “utilizada muy comúnmente” para indicar “un enriquecimiento fácil y rápido mediante operaciones puramente especulativas (...) y en el caso no añade nada ultrajante o vejatorio, ni de mayor descrédito, que el que pueda resultar de los propios hechos objeto de la información”.

Entre las múltiples alegaciones rechazadas por los magistrados de la Audiencia Provincial, destaca la que se refiere al lugar donde se celebró la rueda de prensa. “Impugnación que igualmente rechazamos”, responden. Según alega la vicepresidenta, la conferencia tuvo lugar en “el edificio con mayor importancia institucional de la Comunidad Valenciana” —la sede de las Cortes Valencianas—, información que “no es sino un indicio más de la naturaleza política de la información”.

CORRUPCIÓN EN EL PSOE: El senador socialista Antonio Canedo cobró 75.000 euros por una recalificación

Juan Rodriguez Lozano, padre de Zapatero y abogado de Caneda

Antonio CanedoAller, alcalde, senador y amigo de Zapatero

LA GACETA

29 de noviembre, 2009 J. E. Pflüger y G. Moreno.

El alcalde recibió el dinero en mano de uno de los dueños de la promotora. Su socio fue condenado por impagos. El padre de Zapatero redactó los contratos de compraventa de los terrenos recalificados.

Al senador socialista Antonio Canedo le siguen lloviendo acusaciones de corrupción por su gestión al frente del Ayuntamiento de Camponaraya (León).

Como ya informó este periódico, Canedo no dudó en añadir a los carteles promocionales del Plan E de su municipio la frase: “Plan Zapatero”. Desde hace 26 años está al frente de la alcaldía de Camponaraya, un municipio de El Bierzo.

Su amistad con el presidente del Gobierno, Rodríguez Zapatero, se remonta a la juventud de ambos. Y es el padre del presidente, abogado, Juan Rodríguez Lozano, quien le defiende ante los tribunales por los numerosos casos de supuesta corrupción administrativa a los que se enfrenta.

Las nuevas dudas sobre la gestión del alcalde y senador socialista se centran ahora en el supuesto cobro de comisiones ilegales en negocios urbanísticos y hoteleros.

Dos son las acusaciones: la comisión de 75.000 euros que habría cobrado en mano tras recalificar unos terrenos para la construcción de la urbanización La Cerca, y el cobro de una participación en la construcción del Hotel Ancares con fondos Feder.

CORRUPCIÓN EN EL PSOE: El honor de los Chaves, en ‘Andazulía’

LA GACETA

29 de noviembre, 2009 Xavier Horcajo

Paula firmó que recibía los 10,1 millones en dinero público. Las ayudas fueron aprobadas por 'papá' Manolo, en representación de la minera Matsa. El padre dio las ayudas y la hija, abogada de Matsa, las aceptó.

En la antigua Roma a los funcionarios corruptos se les cortaba la nariz y desnarigados se les metía en un saco y se les arrojaba al mar. Así era la cosa en tiempos de Cicerón por aquello de que la corrupción de los mejores es la peor (Corruptio optimi pésima est). Pero claro, eso iba a dejar algunas ciudades españolas desoladas y repletas de tipos sin apéndice nasal. Una de ellas sería Sevilla, estigmatizada por Juan Guerra, el hermanísimo del cafelito y su despacho convertido en patio de Monipodio del socialismo andaluz. Sevilla convertida en villa de tripa revuelta por su Mercasevilla. En capital asombrada por lo oscuro de sus optimi, como la familia Chaves. Si en los años treinta, Straus y Perl daban paso, con sus prácticas, al concepto del “estraperlo”; en Andalucía el apellido Chaves convierte en pecado eso de “la familia es lo primero”, porque lo practica a costa de los demás.

Diecinueve años como presidente de la Junta de Andalucía dieron a Manuel María Chaves (Ceuta, 1945) esa sensación de impunidad necesaria para creer que le “entra” al venado por derecho, mientras su carrera política tuvo que ser salvada con un paracaídas de vicepresidente cuando se precipitaba a velocidad 2G (9,8 metros en cada segundo). Sea por el PER, sea por la munificencia subvencionadora de la Junta, el caso es que Chaves, como un dinosaurio, es el único vestigio de aquello que se llamó el “clan de los sevillanos”, el embrión del felipismo. Al resto se lo llevó la historia.

Manuel María

Lo primero el patrimonio. Dijo Chaves que tenía poco “porque todo se lo había gastado en la educación de los hijos” o será eso la expresión de un gobernante manirroto incapaz con sus propias finanzas. La cuestión es que tiene “tan sólo” 68.962,29 euros después de 23 años de nómina de ministro, presidente de la Junta o vicepresidente, y los no menos suculentos 23 años como diputado. Es que es ese patrimonio no cabe el valor catastral de una cueva de Guadix. Si es verdad, es una lástima, y si no, pues a contar “minoyes”, digo, millones.

Como cuando la emprendió contra el franquismo y salió trasquilado. Qué bien lo cuenta Paco Rosell en El bueno de Manolo. Resulta que Antonio Chaves, su padre, formó parte del Ejército de Franco y se jubiló como coronel; y su madre, África González, dirigía la sección femenina de Falange. Por no hablar del hermano de su madre, voluntario en el Canarias; o de su bisabuelo, Remigio González, alcalde de Ceuta a raíz del golpe de Primo de Rivera Una familia de orden y de misa; de ahí le cae en la pila bautismal lo de Manuel María.

A la sombra de Manuel Chaves en la Junta, empezó a trapichear su hermano Leonardo (conocido en Sevilla como Leopardo). Éste era director general de Instrestructuras Deportivas de la Junta nombrado por su Manolo y adjudicaba y favorecía al mayor de la saga Chaves, Antonio José, socio a la sazón de la sociedad Climo Cubierta, una compañía que se comía bocadillos de dinero público andaluz, en la que también estaban enrolados algunos sobrinillos Chaves. A Leopardo le cabe el honor de ser uno de los pocos españoles exculpado por un fiscal en un caso con aromas de corrupción. Una pequeña empresa, como dirían en Cádiz, “pero con dos cojones”.

Pero cuando los mandatos son tan largos, los hijos se convierten siempre en protagonistas, le pasa hasta a Fidel Castro. En el caso de los Chaves, dos hijos. Iván, que trabajó en Persán y luego se convirtió en accionista propietario de varias empresas que se dedican a intermediar y a la exportación. Sin duda es una coincidencia que su esposa, Rocío Calbet, trabaje para la empresa pública andaluza de comercio exterior. Y llegamos a Paula Chaves Iborra, la hija de don Manuel y de Antonia Iborra, licenciada en Químicas ella, que nunca ejerció.

Paula Chaves Iborra era la directora de la asesoría jurídica de la mina onubense de Aguas Teñidas (Matsa). La compañía de Almonaster la Real (Huelva), propiedad de una multinacional canadiense, contó con sus servicios en la obtención de las ayudas sine que non de 10,1 millones de euros concedidas por la Administración andaluza de Papá Chaves y denegadas previamente por el Ministerio de Industria del conmilite Miguel Sebastián (en abril de 2008).

La urdida canta a kilómetros, si se tiene en cuenta el cambio introducido por la Junta en la orden que regula estos incentivos –y que habilitaba a Matsa—un mes antes de otorgar la ayuda a la empresa, obtenida a pesar de que no responde a las previstas: “Mejora de las condiciones medioambientales” o “promover la seguridad y calidad de la explotaciones extractivas”. El proyecto de Matsa simplemente propone más extracción de cobre para aprovechar la recuperación de esa materia prima en los mercados. Matsa llegó incluso a ampliar su petición de dinero a la Junta de 7 a 10,1 millones de euros poco antes de la incorporación de Paula Chaves a su cuadro directivo. Aunque en eso hay interpretaciones.

El Registro Mercantil de Huelva dice que Paula se registró como apoderada el 12 de noviembre de 2008; la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa (la donante de las ayudas) asegura que Paula Chaves fue nombrada representante de Matsa el 14 de enero de 2009. En lo que no hay discusión – y éste es un reconocimiento importante– es que Paula Chaves cesó como apoderada de Matsa el 4 de marzo de 2009, precisamente un día después de que el grupo parlamentario del PP registrase una pregunta oral al pleno en relación a las ayudas. O sea, que la Junta atendió con largueza y olvidó aquello de las incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones, ya que el consejo de gobierno que las concede estaba presidido por papá Manolo.