Recopilatorio de noticias aparecidas en algunos medios en relación al asunto "ADIGSA". Recordemos que a través de ADIGSA se adjudicaban obras a dedo a distintos contratistas que venían obligados a entregar comisiones, unas veces en efectivo y otras en cheque, del 20%. Tanto de las adjudicaciones que hacía ADIGSA como del cobro se encargaba un primo de Felip Puig, José Mª Penin, que no tenía relación funcionarial ni orgánica con la empresa pública pero que utilizaba el despacho del Consejero Delegado como si fuera su propia casa. El primero en denunciar el chanchullo del cobro de dinero fue el exdirigente de la Joventut Nacionalista de Catalunya y responsable de seguridad de CDC, Ricardo Murga. A él se sumaron algunos de los empresarios que no cobraron las obras pese a haber entregado al primo de Puig las comisiones. Pese a que los datos apuntaban directamente a Felip Puig como organizador, el principal imputado ha resultado ser Ferran Falcó, alcaldable de CiU en Badalona y actual teniente de alcalde y portavoz del Grupo Municipal en esa localidad. Ferran Falcó no ha sido cesado ni en sus funciones institucionales ni suspendido de militancia pese a la imputación y ahora ya acusación por el caso ADIGSA. Pero es que además, se decía entre las columnas de la Audiencia Provincial que la defensa de Falcó era pagada por el propio partido de CDC. En su condición de primer Teniente de Alcalde de Badalona, ahora salpicada también por el caso Pretoria, Ferrán Falcó, el hombre de confianza de Felip Puig, sigue entregando pisos de ADIGSA, la empresa que utilizó para cobrar comisiones. Es evidente la distinta vara de medir según el imputado.
"LA VOZ DE ASTURIAS, EL PERIODICO 22/12/2005: DENUNCIA CONTRA LA ADMINISTRACION NACIONALISTA CATALANA
Un denunciante acusa a Puig de quedarse con comisiones de Adigsa
Murga afirma que ingresó cheques en la cuenta del exconsejero.
El exconsejero de la Generalitat de Cataluña Felipe Puig ingresó comisiones de varios millones de pesetas en su cuenta personal procedentes de tres constructoras adjudicatarias de obra pública de la empresa Adigsa, en la etapa en que fue su consejero delegado (1988-1992). Ricardo Murga, exempleado de Adigsa entre los años 1988 y 1995 y excoordinador de seguridad de Convergencia Democrática de Cataluña (CDC) en esa etapa, asegura que él mismo era quien ingresaba los cheques en una cuenta personal de Puig.
Las entregas correspondían al 10% o el 15% de las comisiones irregulares que las empresas entregaban a Adigsa para financiar a CDC a cambio de las adjudicaciones de obras para construir o rehabilitar viviendas sociales.
OFICINA 1142: Murga afirma que en más de 20 ocasiones ingresó cheques de constructoras, extendidos al portador, por importe de dos o tres millones de pesetas cada uno, siguiendo las instrucciones del propio Puig. Murga hacía los ingresos en la oficina 1142 de La Caixa, situada a escasos 25 metros de la sede social de Adigsa.
El excoordinador de seguridad de CDC sostiene que entregaba los cheques personalmente al entonces director de la oficina, Eduard, de nombre de pila. Este le recibía siempre en su despacho, situado al fondo del local, junto al del apoderado. "Yo le decía: Esto es de Puig. No hacía falta que le diera el número de la cuenta ni nada. El hombre me facilitaba un comprobante y yo se lo entregaba a Puig. Y así todas las veces", recuerda.
Murga, que como otros militantes de CDC simultaneaba los trabajos en el partido con el empleo público. Ejercía de conserje en la cuarta planta de Adigsa, donde tenía el despacho oficial Puig, trabajaba de coordinador de seguridad en la sede de CDC. La mesa de Murga en la empresa pública se encontraba a dos metros de la de Vicenta Llanas, secretaria de Puig, que luego se convertiría en su esposa, aunque hoy están separados.
RELACION PROFESIONAL El hombre de confianza de Puig, con el que éste dice que mantenía una relación "estrictamente profesional", asegura que también le hacía a su jefe los listados de las adjudicaciones de Adigsa, que recaían casi siempre en las constructoras Guinovart, Cicsa y Prats-Haro.
Según pudo saber, porque así constaba en la última columna vertical de los documentos, esos empresarios pagaban comisiones de entre un 15% y un 25% del montante total de las obras. Del importe de la comisión, Puig exigía a los constructores "un cheque personal de entre el 10% y el 15%," según Murga. El resto "se desviaba al partido", a través de las agrupaciones del Bajo Llobregat y el Vallés Oriental."
"EL PAIS, 15/02/2006: Un imputado en el 'caso Adigsa' implicó a Felip Puig y a Oriol Pujol Ferrusola en las ilegalidades.
José María Penín, un imputado en el supuesto pago de comisiones y otras ilegalidades en las obras de rehabilitación de las viviendas gestionadas por la empresa pública Adigsa, declaró ante la fiscalía que tanto el entonces consejero del ramo, Felip Puig, como Oriol Pujol Ferrusola, hijo del ex presidente de la Generalitat, estaban al tanto de lo que ocurría. La fiscalía se querelló por estos hechos contra ocho personas, las cuales mañana empezarán a declarar como imputados ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Barcelona. Penín lo hará el 11 de mayo.
La declaración de Penín, de la que ayer informó la cadena SER, se realizó el pasado 11 de octubre ante la unidad de policía judicial de la fiscalía en el marco de las diligencias abiertas tras la acusación de Pasqual Margall a Artur Mas durante el debate del Carmel de hace un año: "Ustedes tienen un problema que se llama 3%". Tras tomar declaración a diversas personas, la fiscalía se querelló por las ilegalidades detectadas en la empresa Adigsa durante la época de CiU, aunque no menciona la supuesta financiación irregular de CDC ni el 3%.
Sin embargo, la declaración del ahora imputado José María Penín, pariente lejano de Puig, siembra la duda sobre si el ex consejero de Política Territorial y otros cargos del partido conocían la adjudicación a dedo de las obras de rehabilitación y el supuesto pago de comisiones, que, según el también imputado José Antonio Salguero, llegaron a ser del 20%.
"En el partido Convergència cree por referencias que lo podían saber Felip Puig y Oriol Pujol Ferrusola, pero eso son comentarios. Cree que muchos pisos que rehabilitaban venían de una inmobiliaria del señor Pujol Ferrusola, sobre todo en la zona de Girona y la localidad de Salt. No recuerda el nombre de la inmobiliaria", se dice en la declaración de Penín, que trabajó para Adigsa en 2003 para valorar y tasar pisos de segunda mano. Un portavoz de CDC declinó ayer, a preguntas de EL PAÍS, pronunciarse sobre estas acusaciones y recordó que el caso está pendiente de resolución judicial.
En el informe policial que acompaña la querella del fiscal se asegura que los máximos directivos de la empresa ahora imputados -el presidente, Ferran Falcó, y el consejero delegado Josep Antoni Fondevila- conocían "el parentesco con el consejero, su militancia política y la falta de cualificación académica para desarrollar esas tareas".
Penín también declaró que después de enviar un e-mail a Puig a través de su secretaria, cobró los trabajos que tenía pendientes. "Te cortaré el cuello", afirma Penín que le dijo el director del área técnica de Adigsa, Jordi Huguet, cuando supo del e-mail. El 18 de mayo, Huguet cerrará la tanda de imputados."
"EL PAIS, 04/01/2006.
Admitida la querella contra 4 altos cargos de Adigsa en la época de CiU
La fiscalía les acusa de malversación, fraude, falsedad y prevaricación .
El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Barcelona, Gonzalo de Dios, ha admitido a trámite la querella presentada por el fiscal contra ocho personas, cuatro de ellas directivos de la empresa de la Generalitat Adigsa en la época de CiU. El juez les ha citado a declarar como imputados por los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, fraude, tráfico de influencias, prevaricación y falsedad documental.
Del mismo modo, el juez ha citado a declarar a varias personas en calidad de testigos. Las comparecencias se iniciarán dentro de unos días. Los supuestos delitos que imputa el fiscal pudieron cometerse al abonarse comisiones de hasta el 20% en la realización de obras de mantenimiento y rehabilitación en algunas viviendas de Adigsa entre 2002 y 2004. Otra parte de la querella, que firma el fiscal Emilio Sánchez Ulled, se refiere a la sobrevaloración que se hizo de algunas viviendas que fueron compradas por Adigsa para ofertarlas a los jóvenes en régimen de alquiler, aunque la llegada del tripartito a la Generalitat frustró parte de esa operación.
La querella es la culminación de la investigación que abrió el fiscal jefe de Cataluña, José María Mena, después de que el presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, insinuara en un debate parlamentario celebrado el pasado mes de febrero que en la época de CiU se abonaban comisiones del 3% en la adjudicación de obras. Sin embargo, la querella de la fiscalía no alude para nada a ese porcentaje ni a aquellas manifestaciones del presidente catalán, que desencadenaron en febrero del año pasado una tormenta política.
Con las declaración ante el juez de los imputados y los testigos se pone en marcha la investigación judicial de la causa y será a partir de entonces cuando las partes personadas en el proceso podrán solicitar nuevas diligencias. Hasta ahora, la única parte personada en el caso es la fiscalía. Los actuales gestores de Adigsa, que pertenecen a la formación ecosocialista Iniciativa per Catalunya (ICV-EUiA), no han decidido todavía si comparecerán en el proceso como perjudicados o como acusación particular, y no lo harán hasta estudiar el contenido de la decisión judicial, según explicaron ayer fuentes de Adigsa.
Entre los querellados figura Ferran Falcó, presidente de Adigsa entre 2002 y 2004, y jefe de gabinete del Departamento de Política Territorial y Medio Ambiente de la Generalitat cuando el consejero fue Felip Puig, actual portavoz de CiU en el Parlament. Puig defendió la gestión de los altos cargos de Adigsa cuando trascendió la querella de la fiscalía y aseguró que no tenía nada que ver con "tramas de financiación ilegal".
Militantes y parientes
Otro de los querellados es Josep Antoni Fondevila, consejero delegado de Adigsa en aquella época y militante de CDC como Falcó. Los otros son Jordi Huguet y Xavier Sala, director del área técnica y jefe del departamento de adquisiciones de Adigsa, respectivamente; además del intermediario Josep Maria Penín, ex empleado de Adigsa y pariente lejano de Puig; Jordi Honrubia, cuñado de Penín y quien creó una sociedad con el único fin de facturar a Adigsa, así como Antonio Salguero y Angel Egido, que realizaron diversas obras para Adigsa.
Durante la investigación del fiscal, Salguero prestó declaración y aportó documentos que probaban las supuestas irregularidades, aunque la base de la querella del fiscal son los centenares de páginas que aportaron el actual secretario de vivienda de la Generalitat, Ricard Fernández, y el consejero delegado de Adigsa, Miquel Bonilla.
Por otra parte, la Sindicatura de Cuentas de Cataluña ha revelado que en la adjudicación de obras entre 1995 y 2000 era práctica habitual el fraccionamiento de los contratos para poder adjudicarlos a dedo, según aseguró ayer la cadena SER. El secretario de organización del PSC, José Zaragoza, exigió ayer a Puig una "explicación inmediata"."
Ferrán Falcó declarando ante el juez como imputado
"ABC, 17/02/2006. Falcó dice ante el juez que desconocía el cobro de comisiones ilegales en Adigsa
La Fiscalía acusa a Ferran Falcó de un presunto delito de malversación de fondos públicos en Adigsa, cuando este militante de CDC era su presidente
«Absolutamente tranquilo». Con este estado de ánimo, según sus propias palabras, salió ayer de la Audiencia de Barcelona el ex presidente de Adigsa, Ferran Falcó, después de declarar durante dos horas ante el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Barcelona por su posible implicación en el cobro de comisiones ilegales en la empresa pública Adigsa entre 2000 y 2003 durante el anterior gobierno de CiU.
El militante de CDC y edil nacionalista en el Consistorio de Badalona -que podría ser condenado a penas de entre 14 y 26 años de cárcel por los presuntos delitos de malversación de fondos públicos y prevaricación, entre otros. que la Fiscalía imputa a los ocho acusados del caso- aseguró al juez que él desconocía la existencia de las presuntas irregularidades en la empresa que gestiona el parque de viviendas públicas de la Generalitat porque «como presidente del consejo de administración de Adigsa no llevaba el día a día, ni la contratación y ni la adjudicación de obras menores ni conocía a los contratistas».
Falcó, ex jefe de gabinete de Felip Puig en la conselleria de Política Territorial, negó también que el actual portavoz parlamentario de CiU le obligara o presionara para contratar a Josep Maria Penín, pariente lejano de Puig y principal acusado del «caso Adigsa», ya que se encargaba personalmente de cobrar un 20 por ciento más del valor real de las obras de reforma de los pisos de segunda mano adquiridos por Adigsa, tal y como denunció en su día el constructor Jose Antonio Salguero. «Me lo recomendaron gente de la casa», dijo Falcó para explicar la contratación de Penín y exculpar de cualquier responsabilidad a Felip Puig.
Falcó se mostró sorprendido por el «revuelo mediático» provocado por su comparecencia ante el juez, que le tomó declaración en la sala de vistas de la Sección 20 de la Audiencia Provincial en lugar de hacerlo en el Juzgado de Instrucción número 3 de Barcelona, tal y como estaba previsto inicialmente. En las próximas semanas declararán ante el magistrado el resto de los ocho imputados en el caso Adigsa -militantes de CDC, funcionarios y contratistas implicados en esta trama de corrupción, según la Fiscalía-."
"ABC, 24/02/2006.
AGENCIAS
BARCELONA. El ex consejero delegado de Adigsa, Josep Anton Fondevila, aseguró ayer ante el juez que no tenía conocimiento de las irregularidades denunciadas por la Fiscalía respecto al presunto cobro de comisiones ilegales en la adjudicación de obras públicas durante el anterior gobierno de la Generalitat. El imputado afirmó, además, que el ex presidente de la empresa pública de la Generalitat, Ferran Falcó, le recomendó que contratase a José María Penín como intermediario de la empresa.
El ex consejero delegado de Adigsa declaró ayer como imputado durante unas dos horas ante el titular del Juzgado de Instrucción 3 de Barcelona, en la que fue la segunda comparecencia de los ocho implicados en la causa. Además de afectar a Fondevila, la querella se dirige contra el ex presidente de Adigsa, Ferran Falcó, que ya declaró ante el juez la semana pasada, y contra otros seis funcionarios, constructores e intermediarios imputados por el presunto cobro de comisiones ilegales en la adjudicación de obras de remodelación de pisos de segunda mano de protección pública entre 2002 y 2004.
La Fiscalía abrió la investigación en febrero del año pasado, después de que el presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, acusara implícitamente a CiU durante el pleno del Parlament de haber cobrado comisiones del 3% de constructoras a las que adjudicó obras durante sus años de gobierno.
Fondevila aseguró que no tenía conocimiento de las irregularidades denunciadas, que no controlaba las obras investigadas por la Fiscalía y que se limitó a firmar los pagos que le pasaba su área técnica porque confiaba en las personas que estaban a cargo de las mismas, según confirmaron fuentes judiciales consultadas por Europa Press. Según Fondevila, fue Falcó, ex jefe de gabinete de Felip Puig en la Conselleria de Política Territorial y Medio Ambiente y portavoz de CDC en el Ayuntamiento de Badalona, quien le sugirió la contratación del intermediario José María Penín, que fue imputado por presuntamente exigir una comisión del 20% a las empresas que recibían encargos de rehabilitación y mantenimiento de viviendas sin adjudicación. No obstante, Fondevila justificó la contratación de Penín, pariente lejano del actual portavoz de CiU en el Parlament, explicando que tenía buenas referencias sobre él."
"EL PAIS, 14/02/2008.
El juez ratifica que en la etapa de Pujol se cobraron comisiones del 20%
Ratificación de pe a pa. El juez de Barcelona que investiga el supuesto pago de comisiones a constructores en la época de Convergència i Unió (CiU) ha dictado una segunda resolución en la que confirma que existen indicios para pensar que esos hechos ocurrieron y que la empresa de la Generalitat Adigsa exigió a los constructores el 20% del importe de las obras que cobraron por rehabilitar viviendas. Por ese motivo, el juez se ratifica en que la investigación del caso está cerrada y acuerda que continúe la tramitación para celebrar el juicio.
Dos años después de que la fiscalía se querellara por ese caso, el juez dictó el pasado 28 de junio lo que en términos jurídicos se llama auto de acomodación al procedimiento abreviado (véase EL PAÍS de 16 de octubre). Es una decisión que se acuerda cuando el juez cree que hay indicios de criminalidad. La otra alternativa posible es archivar del caso. Las defensas de los imputados, entre ellos todos los directivos de Adigsa, recurrieron contra aquella decisión y ahora el juez ha rechazado de plano esas alegaciones e insiste en lo que dijo entonces: que al constructor Juan Antonio Salguero se le exigieron comisiones del 20% en la rehabilitación de unas obras públicas y que éste tuvo que pagar 108.000 euros.
En la decisión de hace unos meses, ahora ratificada, el juez relataba la participación concreta de Ferran Falcó y Josep Antoni Fondevila, presidente y consejero delegado de Adigsa en la última etapa del Gobierno de Jordi Pujol. También precisaba que José María Penín era un intermediario en aplicar el llamado Pla Jove, "ideado y creado con la finalidad de captación de votos para el partido Convergència i Unió". En esta causa están inculpadas ocho personas y entre ellas figuran también el arquitecto Jordi Huguet, director técnico de Adigsa en aquella época, y Xavier Sala, responsable económico de la empresa.
Cuando hace meses se conoció la resolución judicial, los portavoces de CiU dijeron que era nula porque la Audiencia de Barcelona había ordenado el peritaje de unas viviendas y que, por tanto, el caso estaba reabierto. Fue el mismo argumento que se dijo incluso en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Ahora, sin embargo, el juez es contundente frente a esas argumentaciones: "Con respecto a la prueba pericial pendiente de practicarse, no se considera que pueda afectar al contenido de la presente resolución por tratarse tal valoración de un aspecto puramente accesorio que no afecta a la existencia material de los hechos que se imputan".
Ese peritaje sigue pendiente de elaboración y, mientras tanto, las defensas han vuelto a recurrir contra la resolución judicial ante la Audiencia de Barcelona. Javier Melero, abogado de Falcó, ha ido incluso más allá y ha presentado un incidente de nulidad. Su intención es que el Juzgado de Instrucción número 3 de Barcelona revoque toda la investigación. "Se han violado las normas esenciales del procedimiento. La única prueba de cargo que existe es un supuesto perjuicio por una pericial de parte", afirma Melero. Su cliente es ahora teniente de alcalde de CiU en el Ayuntamiento de Badalona.
La opinión del abogado contrasta con el parecer del juez, quien después de defender la legalidad de su decisión, añade: "Otra cuestión es que pueda resultar más o menos del agrado la extensión en la descripción de los hechos, su contenido o incluso la forma de redacción". Por ello, el juez insiste en "la concurrencia de indicios bastantes para la continuación del proceso y enjuiciamiento de la causa"."
"EL PERIODICO, 18/03/2009.
El PSC detecta más anomalías en Adigsa durante la época de CiU
• Penín medió en la compra de pisos con desviaciones del 174% en el precio final
NEUS TOMÀS
BARCELONA
Nueva denuncia de presunta corrupción en la gestión de Adigsa durante los sucesivos gobiernos de CiU. Los socialistas desvelaron ayer que el militante convergente Josep Maria Penín, imputado por un presunto cobro de comisiones, actuó como intermediario en la compra de unos pisos en Manresa por los que, en solo 17 días, Adigsa llegó a pagar hasta un 164% más respecto al precio fijado en una primera transacción. El PSC reveló esta presunta irregularidad en la comisión de la Sindicatura de Comptes, que ayer debatió el informe sobre la gestión de Adigsa correspondiente al 2003 (último de CiU) y 2004 (primer tripartito).
El diputado socialista Jordi Terrades aseguró que en la adquisición de viviendas en el municipio de Salt (Gironès) se produjeron desviaciones similares a las de Manresa. "O alguien tenía información privilegiada o alguien no supo gestionar bien los intereses públicos. Se pudo producir malversación de caudales públicos", argumentó Terrades.
El informe de la Sindicatura destaca que en la adquisición de pisos de segunda mano se realizaron encargos verbales a través de una persona ajena a la empresa, un método que el tripartito después eliminó. Aunque el órgano fiscalizador de la Generalitat no cita el nombre, los partidos de izquierda remarcaron que se refiere a Penín. Además, los socialistas ayer se encargaron de recordar que Penín no era un desconocido para CDC puesto que formó parte de su aparato de seguridad.
MALAS PRÁCTICAS
El PSC remarcó que las malas prácticas de Adigsa son características de toda la etapa de gobierno de CiU, y destacó que Penín fue recomendado por el expresidente de la empresa Ferran Falcó, que a su vez fue jefe de gabinete de Felip Puig en su etapa de conseller de Medi Ambient, y de Política Territorial i Obres Públiques.
LA DEFENSA
El diputado de CiU Carles Sala, tras lamentar que se reabra el debate sobre Adigsa cuando paralelamente está en marcha el proceso judicial, admitió que se habían cometido errores contables, pero defendió que no pueden considerarse como corrupción. "En defensa de las personas que dirigían Adigsa, y sin que pueda sonar a excusa, estamos convencidos de la mejor de sus voluntades para gestionar un patrimonio muy importante", explicó.
Como el informe se refiere también a la gestión del primer año de ICV, los ecosocialistas recordaron que se han modificado algunas de las prácticas habituales en las épocas de CiU, aunque reconocieron que al principio tuvieron que respetar algunos contratos del periodo nacionalista y que en el 2004 hubo un cierto "descontrol". "Tuvimos que ensuciarnos las manos porque había mucha porquería", aseguró la portavoz de ICV, Laia Ortiz"
Ferrán Falcó, a la izquierda, entregando pisos de Adigsa en Badalona hace unas semanas
"ADIGSA 30/09/2009:
Medio Ambiente y Vivienda entrega 54 pisos con protección oficial en el barrio de Sant Roc de Badalona
Se ha completado el 70 % del proceso de remodelación del barrio con 712 viviendas entregadas
El consejero delegado de Adigsa, Frederic Linares, ha entregado hoy las llaves de los 54 pisos de compra con protecció oficial, del bloque J2, en el barrio badalonés de Sant Roc. Las viviendas, construidas por el Instituto Catalán del Suelo, se incluyen en el programa de remodelación de este barrio que hace la Generalitat con la colaboración del Ministerio de la Vivienda y el Ayuntamiento de Badalona (Barcelonès). El programa consiste en substituir edificios con patologías estructurales por otros nuevos. Los pisos serán administrados por Adigsa, empresa pública adscrita al Departamento de Medio Ambiente y Vivienda.
Han asistido también a la entrega el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Badalona, Ferran Falcó, el gerente del Consorcio Badalona Sur, Miquel Dosta; el coordinador de la Concejalía de Sant Roc, Diego Justicia; el presidente de la FAVIBC, Manuel Moreno; y el consejero delegado de Reursa, Pere Serra.
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