EL CONFIDENCIAL, Antonio Fernández.- 11/10/2009
El ex presidente del Palau de la Música Catalana, Fèlix Millet, y el director administrativo de la entidad, Jordi Montull, utilizaron cinco empresas para detraer supuestamente dinero de la entidad, según la acusación del fiscal. Al menos dos de estas empresas no eran operativas, mientras que las otras tres sí realizaron trabajos para el Palau, aunque luego Millet presentaba las facturas por duplicado a la Fundación del Palau y a la Asociación del Orfeó Català, entidad que también forma parte de la institución del Palau. De esta manera, justificaba la salida de fondos por partida doble pero con una sola factura.
Una de las empresas utilizadas para estos tejemanejes fue CBM 10, ubicada en un centro de negocios administrada por A. R. R., una señora nacida en 1925 que murió en el año 2003. Como apoderada de la compañía aparece J. F. B., que trabaja en el despacho de un economista que suele crear empresas y venderlas luego. Tanto es así que sólo en los últimos años su nombre aparece con cargos efectivos en alrededor de un centenar de empresas. La empresa estaba, según la querella, vinculada a otras cuatro compañías, al frente de las cuales se encuentra un anciano de 86 años que prestó su nombre para crear el pequeño holding. Según la fiscalía, “este conglomerado de sociedades” está controlado por el círculo familiar de una persona cercana a la cúpula directiva de la Fundación del Palau de la Música.
Otra de las empresas utilizadas, Horencat, no había declarado nunca ninguna operación con el Palau y, tras entrar en insolvencia en el 2003, fue liquidada. Un antiguo administrador declaró al fiscal que realizó algún trabajo para la institución que presidía Millet, pero nunca lo cobró en efectivo y su monto fue por precios sensiblemente inferiores a los declarados por el prohombre barcelonés. Tanto CBM 10 como Horencat, según el fiscal, no podían haber hecho los trabajos que les achacaba la cúpula del Palau porque tenían un “perfil completamente plano”. En otras palabras, no tenían personal, no declaraban operaciones y no pagaban impuestos. Horencat tiene presentó quiebra voluntaria manteniendo unas deudas con la Seguridad Social de más de 10 millones de euros (distribuidos en 22 expedientes), aunque también tiene reclamaciones de Hacienda, del Ayuntamiento de Terrassa y dos denuncias en los juzgados de lo social de Barcelona, de mediados del 2004, que le reclamaban 78.000 euros.
Facturas modificadas
En el caso de Triobra, que ha trabajado en la reforma y adecuación de importantes edificios catalanes, las facturas que presentaba eran modificadas (al parecer, sin conocimiento de la compañía) y pasadas luego a la Asociación Orfeò Català, cuando ya habían sido pagadas por la Fundación. Para ello, alguien las alteraba para manipular el destinatario, pues la fundación y la Asociación son dos personas jurídicas diferentes. Y la misma cantidad de dinero que había sido pagada por transferencia por un servicio realizado era retirada también en efectivo por Millet o Montull y desaparecía misteriosamente.
En ocasiones, como ocurría con Manteniments Integrals FM2 y con FM2 Instal.lacions, Jordi Montull solicitaba a la propia empresa una factura igual, pero con diferente destinatario. Tras pagar con transferencia bancaria el gasto del Palau, presentaba la segunda factura a la Asociación como si no estuviese pagada. El dinero era, de nuevo, retirado en efectivo y desaparecía.
Además, los inspectores de Hacienda encontraron, tras examinar los movimientos de cuentas, que Millet hacía que la Fundación y la Asociación aportasen “las mismas facturas de las mismas empresas en justificación de retiradas de efectivo distintas”. Sólo en el 2003, la retirada de fondos en efectivo (siempre en billetes de 500 euros) fue de 2,3 millones. “Las investigaciones realizadas apuntan fundadamente a que las sumas retiradas en efectivo de las cuentas de la Fundación y la Asociación durante el ejercicio 2003 no se han destinado a los fines alegados por sus responsables, ni a ninguno de sus fines sociales, ignorándose por el momento a qué han podido ser legítimamente aplicados”.
El fiscal detalla también los pagos de cientos de miles de euros retirados, supuestamente, para pagar actuaciones musicales, pero de los que no constan recibos, excepto algún “recibí” aislado que no identifica al destinatario. “Dichos recibos están impresos en soportes físicos confeccionados por una empresa que todavía no existía en el momento en que supuestamente se firman -están fechados en 2003, cuando la empresa que imprimió los soportes se creó en 2004-”. Por este burdo procedimiento, desaparecieron casi cuatro millones de euros de la Fundación entre 2004 y 2008 y casi cuatro millones más de la Asociación.
Según el fiscal, los principales acusados con Fèlix Millet, Jordi Montull y la hija de éste, Gemma Montull, directora financiera. En grado menor, pide imputar a dos ex tesoreros, Enric Álvarez y Pablo Durán. Este último tan sólo era tesorero de la Asociación, ya que no estuvo vinculado ni a la Fundación del Palau ni al Consorcio y nunca tuvo poder ejecutivo. Según ha podido saber este diario de fuentes solventes, Durán puso su cargo a disposición de la junta directiva del Orfeó cuando estalló el caso.
Lucha de partidos
El caso Millet, sin embargo, se enturbia cada día más en el terreno político. Albert Aixalà, director de la Fundación Rafael Campalans, vinculada al PSC, presentó el jueves sus cuentas detallando al céntimo las entradas y salidas de sus arcas. Aixalà pidió a los responsables de la Fundación Trias Fargas, vinculada a Convergència i Unió (CiU) que haga lo mismo, ya que los propios convergentes han reconocido que habían firmado 7 convenios con Fèlix Millet por los que recibieron de éste 630.000 euros desde el año 1999.
Esta iniciativa hizo saltar al secretario general adjunto de Convergència, Felip Puig, que acusó al PSC de promover un juicio paralelo contra su partido. En declaraciones a la agencia Europa Press, Puig señaló que “tenemos toda la documentación en orden. Se trata de una Fundación que ha declarado todos sus ingresos y sus gastos y no creemos que tengamos que demostrar aún más nuestra inocencia”. El dirigente convergente apeló a que los socialistas quieren desviar la atención hacia este tema para soslayar los malos resultados que les dan las encuestas y subrayó que los dirigentes del PSC no tienen demasiados argumentospara defender la acción de Gobierno y por ello tienen mucho interés en “mantener viva la polémica”. Sin embargo, se negó a facilitar las cuentas de la Fundación Trias Fargas argumentando que éstas se envían, periódicamente, a la consejería de Justicia y a la Sindicatura de Cuentas.
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