martes, 7 de abril de 2015

LA REFORMA LOCAL


La Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que entró en vigor el 31 de diciembre de 2013, es plenamente Constitucional, y así lo avala el Consejo de Estado y otros informes jurídicos. Es una ley respetuosa tanto con las competencias reconocidas a las Comunidades Autónomas en sus Estatutos de Autonomía así como con la autonomía municipal. La Reforma Local cuenta además con el apoyo de la mayoría de los Ayuntamientos y de los ciudadanos. Se ha tramitado de forma transparente y dialogada. Ha recogido la mayoría de las sugerencias de la Federación Española de Municipios y Provincias y en su debate parlamentario se introdujeron numerosas enmiendas. También garantiza al cien por cien los servicios sociales. Esta ley se resume en racionalidad, transparencia, buen uso de los fondos públicos, mejora y sostenibilidad de los servicios municipales, financiación suficiente para prestarlos y respeto competencial.

La Ley persigue como objetivos generales en su implantación clarificar y simplificar las competencias municipales para evitar duplicidades con las competencias de otras Administraciones bajo el principio de “una Administración, una competencia”. Establece los mecanismos para que su estructura organizativa dé respuesta a la prestación de los servicios locales, teniendo en cuenta los principios de eficiencia y equilibrio financiero. Determina los mecanismos para garantizar un control financiero y presupuestario más riguroso.

Con la reforma la Administración Local ha cumplido con los principios de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y la mayoría de los Ayuntamientos se encuentran en superávit (5.800 Ayuntamientos –de un total 8.100- cerraron sus cuentas en 2012 en superávit), contribuyendo a la salida de la crisis en España. Las Entidades Locales han dado un vuelco a sus finanzas, pues teniendo un -0,39% de déficit en 2011 han cerrado 2013 con un superávit presupuestario de un 0,41% del PIB. El Gobierno del PP ha aprobado medidas para ayudar a situación financiera de los Ayuntamientos permitiendo el anticipo del 50% de la liquidación del ejercicio de 2010; el aplazamiento a 120 mensualidades, en lugar de las 60 exigidas por el anterior Gobierno socialista, para la devolución de los 6.000 millones de euros por las liquidaciones negativas de los ejercicios de 2008 y 2009, los sucesivos planes de pago a proveedores; el incremento de un 20 por ciento de las transferencias a cuenta del Estado a las Entidades Locales en 2013; y que puedan destinar el superávit a inversiones y no sólo a amortización de su deuda como establecía la Ley de Estabilidad.
(Artículo El Full, abril 2014)

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