La
Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que entró
en vigor el 31 de diciembre de 2013, es plenamente Constitucional, y así lo
avala el Consejo de Estado y otros informes jurídicos. Es una ley respetuosa
tanto con las competencias reconocidas a las Comunidades Autónomas en sus
Estatutos de Autonomía así como con la autonomía municipal. La Reforma Local
cuenta además con el apoyo de la mayoría de los Ayuntamientos y de los
ciudadanos. Se ha tramitado de forma transparente y dialogada. Ha recogido la
mayoría de las sugerencias de la Federación Española de Municipios y Provincias
y en su debate parlamentario se introdujeron numerosas enmiendas. También garantiza
al cien por cien los servicios sociales. Esta ley se resume en racionalidad,
transparencia, buen uso de los fondos públicos, mejora y sostenibilidad de los
servicios municipales, financiación suficiente para prestarlos y respeto
competencial.
La Ley persigue como objetivos generales en
su implantación clarificar y simplificar las competencias municipales para
evitar duplicidades con las competencias de otras Administraciones bajo el
principio de “una Administración, una competencia”. Establece los mecanismos
para que su estructura organizativa dé respuesta a la prestación de los
servicios locales, teniendo en cuenta los principios de eficiencia y equilibrio
financiero. Determina los mecanismos para garantizar un control financiero y
presupuestario más riguroso.
Con la reforma la Administración Local ha
cumplido con los principios de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y la
mayoría de los Ayuntamientos se encuentran en superávit (5.800 Ayuntamientos
–de un total 8.100- cerraron sus cuentas en 2012 en superávit), contribuyendo a
la salida de la crisis en España. Las Entidades Locales han dado un vuelco a
sus finanzas, pues teniendo un -0,39% de déficit en 2011 han cerrado 2013 con
un superávit presupuestario de un 0,41% del PIB. El Gobierno del PP ha aprobado
medidas para ayudar a situación financiera de los Ayuntamientos permitiendo el
anticipo del 50% de la liquidación del ejercicio de 2010; el aplazamiento a 120
mensualidades, en lugar de las 60 exigidas por el anterior Gobierno socialista,
para la devolución de los 6.000 millones de euros por las liquidaciones
negativas de los ejercicios de 2008 y 2009, los sucesivos planes de pago a
proveedores; el incremento de un 20 por ciento de las transferencias a cuenta
del Estado a las Entidades Locales en 2013; y que puedan destinar el superávit
a inversiones y no sólo a amortización de su deuda como establecía la Ley de
Estabilidad.
(Artículo El Full, abril 2014)
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