ESTATUT Y SENTENCIA TC

Artículo revista municipal de Alella, El Full núm. 264, junio 2010

Cuando uno decide jugar al parchís asume que para sacar ficha y empezar a mover el dado nos tiene que dar 5. Cuando se asume participar del sistema político del que nos hemos dotado democráticamente hay que respetar también las reglas del juego. La Constitución es el marco legal sobre el que se sustenta el régimen de libertades en el que vivimos. Es la norma suprema del sistema legal que regula nuestra convivencia. Y lo es porque casi el 90% de los españoles con derecho a voto decidieron un 6 de diciembre de 1978 que esa sería la norma suprema del ordenamiento jurídico a la que todos los poderes públicos y todos los ciudadanos estarían sujetos. Su título preliminar proclama un Estado social y democrático de Derecho que propugna como valores superiores del ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Así mismo, se afianza el principio de soberanía popular, y se establece la monarquía parlamentaria como forma de gobierno. La Constitución establece una organización territorial basada en la autonomía de Municipios, Provincias y Comunidades Autónomas, rigiendo entre ellos el principio de solidaridad.

Tras el proceso de formación del Estado de las Autonomías, las Comunidades Autónomas gozan de una autonomía de naturaleza política que configura a España como un Estado regional. Las Entidades Locales, como los Municipios y las Provincias, gozan de una autonomía de naturaleza administrativa, cuyas instituciones actúan en base a criterios de oportunidad dentro del marco legal fijado por el Estado y las Comunidades Autónomas. La división de poderes, idea fundamental en el pensamiento liberal, es el eje del sistema político. El Tribunal Constitucional controla que las leyes y las actuaciones de la administración pública se ajusten a la Carta Magna. Ninguna administración puede sustraerse del respeto a este marco de convivencia que democráticamente eligieron la inmensa mayoría de los españoles. Menos de un 36% de los catalanes con derecho a voto refrendaron el Estatuto que ahora ha sido constitucionalizado. Ya es malo que la minoría pretenda imponerse a la voluntad de la mayoría, pero es mucho peor que el gobierno de la Generalitat promueva desacatos judiciales. O se está dentro de las reglas del juego o no puede jugar. O se saca 5 para mover ficha o no se puede jugar. Ya basta de imposiciones, ya basta de intolerancia. Conductas de este tipo generaron regímenes totalitarios en la Europa de los años 30. La libertad, el respeto a las normas deben estar siempre por encima de los sentimientos de unos pocos.