Finalmente el PP, junto con CiU, ha creido que ha llegado el momento de exigir responsabilidades políticas por la mala gestión de la Regiduría de Gobernación. El asunto de la cámara ha colmado el vaso. La falta de explicaciones coherentes en el último Pleno municipal por parte del Regidor de Governació hacen inaplazable la exigencia de responsabilidades políticas y nos han obligado a pedir la dimisión del titular, Josep Mª Serés, del PSC. En democracia es saludable asumir las responsabilidades por una mala gestión. No es preceptivo el esperar a rendir cuentas ante los electores en un próximo comico municipal. Lo coherente es presentar la dimisión o, como poco, muy poco, poner a disposición del Alcalde la cartera. Como oposición tenemos la responsabilidad de fiscalizar la gestión del equipo de gobierno y en esa responsabilidad el PP tiene muy claro dónde está el límite. Aceptamos que la acción política tiene dos vertientes. Una responde a criterios de oportunidad. Se puede decidir emprender una determinada obra o generar un servicio en uno u otro momento, dependiendo de otros factores que cada cual puede interpretar más o menos idóneos o mejor o peor ubicados en el tiempo. Eso puede ser interpretable. Todos podemos estar de acuerdo en adecuar la riera de Alella, pero podremos entender que el momento de realizar esa adecuación sea uno u otro, o incluso el proyecto a realizar sea distinto. Otra vertiente de la acción política viene determinada por la ideología y el proyecto que cada partido tenga. Ahí resultará más dificil el entendimiento entre determinadas opciones. Pero hay una línea que no responde ni a criterios de oportunidad ni a posicionamientos políticos y esa es la que entendemos que ha sido rebasada. Es una exigencia de cualquier administración pública el actuar bajo el principio de legalidad y no debe tolerarse la torsión de la legalidad para amparar actuaciones políticas. El mecanismo de adjudicación del contrato del semáforo ha resultado inidóneo, no se han cumplido algunas exigencias legales en cuanto a la instalación y uso de la cámara, y se ha generado un conflicto con los administrados. Esto ya es merecedor de reproche político. Nosotros ya lo hemos denunciado y exigido esa dimisión dl regidor responsable. Y ello sin entrar a valorar la actitud adoptada por ese regidor en relación al que suscribe al sugerir el envío de agentes de policía a multar a mis vecinos con la indicación de que eran sancionados por mis exigencias de cumplir la legalidad, que bien pudiera exceder del ámbito estrictamente político. De momento, dimisión...¡¡¡YA!!!
http://www.elpunt.cat/alella/article/1/13-serveis/11296-ciu-i-el-pp-dalella-demanen-dimissions-pel-semafor-que-multava-60-cotxes-al-dia.html
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