CORRUPCIÓN EN EL PSOE: El honor de los Chaves, en ‘Andazulía’

LA GACETA

29 de noviembre, 2009 Xavier Horcajo

Paula firmó que recibía los 10,1 millones en dinero público. Las ayudas fueron aprobadas por 'papá' Manolo, en representación de la minera Matsa. El padre dio las ayudas y la hija, abogada de Matsa, las aceptó.

En la antigua Roma a los funcionarios corruptos se les cortaba la nariz y desnarigados se les metía en un saco y se les arrojaba al mar. Así era la cosa en tiempos de Cicerón por aquello de que la corrupción de los mejores es la peor (Corruptio optimi pésima est). Pero claro, eso iba a dejar algunas ciudades españolas desoladas y repletas de tipos sin apéndice nasal. Una de ellas sería Sevilla, estigmatizada por Juan Guerra, el hermanísimo del cafelito y su despacho convertido en patio de Monipodio del socialismo andaluz. Sevilla convertida en villa de tripa revuelta por su Mercasevilla. En capital asombrada por lo oscuro de sus optimi, como la familia Chaves. Si en los años treinta, Straus y Perl daban paso, con sus prácticas, al concepto del “estraperlo”; en Andalucía el apellido Chaves convierte en pecado eso de “la familia es lo primero”, porque lo practica a costa de los demás.

Diecinueve años como presidente de la Junta de Andalucía dieron a Manuel María Chaves (Ceuta, 1945) esa sensación de impunidad necesaria para creer que le “entra” al venado por derecho, mientras su carrera política tuvo que ser salvada con un paracaídas de vicepresidente cuando se precipitaba a velocidad 2G (9,8 metros en cada segundo). Sea por el PER, sea por la munificencia subvencionadora de la Junta, el caso es que Chaves, como un dinosaurio, es el único vestigio de aquello que se llamó el “clan de los sevillanos”, el embrión del felipismo. Al resto se lo llevó la historia.

Manuel María

Lo primero el patrimonio. Dijo Chaves que tenía poco “porque todo se lo había gastado en la educación de los hijos” o será eso la expresión de un gobernante manirroto incapaz con sus propias finanzas. La cuestión es que tiene “tan sólo” 68.962,29 euros después de 23 años de nómina de ministro, presidente de la Junta o vicepresidente, y los no menos suculentos 23 años como diputado. Es que es ese patrimonio no cabe el valor catastral de una cueva de Guadix. Si es verdad, es una lástima, y si no, pues a contar “minoyes”, digo, millones.

Como cuando la emprendió contra el franquismo y salió trasquilado. Qué bien lo cuenta Paco Rosell en El bueno de Manolo. Resulta que Antonio Chaves, su padre, formó parte del Ejército de Franco y se jubiló como coronel; y su madre, África González, dirigía la sección femenina de Falange. Por no hablar del hermano de su madre, voluntario en el Canarias; o de su bisabuelo, Remigio González, alcalde de Ceuta a raíz del golpe de Primo de Rivera Una familia de orden y de misa; de ahí le cae en la pila bautismal lo de Manuel María.

A la sombra de Manuel Chaves en la Junta, empezó a trapichear su hermano Leonardo (conocido en Sevilla como Leopardo). Éste era director general de Instrestructuras Deportivas de la Junta nombrado por su Manolo y adjudicaba y favorecía al mayor de la saga Chaves, Antonio José, socio a la sazón de la sociedad Climo Cubierta, una compañía que se comía bocadillos de dinero público andaluz, en la que también estaban enrolados algunos sobrinillos Chaves. A Leopardo le cabe el honor de ser uno de los pocos españoles exculpado por un fiscal en un caso con aromas de corrupción. Una pequeña empresa, como dirían en Cádiz, “pero con dos cojones”.

Pero cuando los mandatos son tan largos, los hijos se convierten siempre en protagonistas, le pasa hasta a Fidel Castro. En el caso de los Chaves, dos hijos. Iván, que trabajó en Persán y luego se convirtió en accionista propietario de varias empresas que se dedican a intermediar y a la exportación. Sin duda es una coincidencia que su esposa, Rocío Calbet, trabaje para la empresa pública andaluza de comercio exterior. Y llegamos a Paula Chaves Iborra, la hija de don Manuel y de Antonia Iborra, licenciada en Químicas ella, que nunca ejerció.

Paula Chaves Iborra era la directora de la asesoría jurídica de la mina onubense de Aguas Teñidas (Matsa). La compañía de Almonaster la Real (Huelva), propiedad de una multinacional canadiense, contó con sus servicios en la obtención de las ayudas sine que non de 10,1 millones de euros concedidas por la Administración andaluza de Papá Chaves y denegadas previamente por el Ministerio de Industria del conmilite Miguel Sebastián (en abril de 2008).

La urdida canta a kilómetros, si se tiene en cuenta el cambio introducido por la Junta en la orden que regula estos incentivos –y que habilitaba a Matsa—un mes antes de otorgar la ayuda a la empresa, obtenida a pesar de que no responde a las previstas: “Mejora de las condiciones medioambientales” o “promover la seguridad y calidad de la explotaciones extractivas”. El proyecto de Matsa simplemente propone más extracción de cobre para aprovechar la recuperación de esa materia prima en los mercados. Matsa llegó incluso a ampliar su petición de dinero a la Junta de 7 a 10,1 millones de euros poco antes de la incorporación de Paula Chaves a su cuadro directivo. Aunque en eso hay interpretaciones.

El Registro Mercantil de Huelva dice que Paula se registró como apoderada el 12 de noviembre de 2008; la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa (la donante de las ayudas) asegura que Paula Chaves fue nombrada representante de Matsa el 14 de enero de 2009. En lo que no hay discusión – y éste es un reconocimiento importante– es que Paula Chaves cesó como apoderada de Matsa el 4 de marzo de 2009, precisamente un día después de que el grupo parlamentario del PP registrase una pregunta oral al pleno en relación a las ayudas. O sea, que la Junta atendió con largueza y olvidó aquello de las incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones, ya que el consejo de gobierno que las concede estaba presidido por papá Manolo.