Sergi Blázquez a la izquierda, junto a Ernest Benach
De El Confidencial, 1/10/2009
Empresas vinculadas al ex director de Seguridad de la Generalitat Lluis REnau Folch, nombrado por Alavedra cuando era Conseller de Governació sin que tuviera idea de asuntos policiales ya que era aparejador, recibieron millones de euros "injustificados”
El ex director general de Seguridad Ciudadana de la Generalitat de Cataluña, Lluís Renau Folch, fue uno de los beneficiados con las recalificaciones de terrenos de la red de corrupción catalana investigada en la “Operación Pretoria” que dirige el juez Baltasar Garzón, según se desprende del auto del magistrado. Renau, que fue alto cargo de la Generalitat entre el 9 de febrero de 1984 y el 21 de enero de 1989 y dirigente de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), operaba con las compañías Kundry Blau Inversions y Projectes Uaner 2003. La primera recibió de Badalona Building Waterfront (BBW), la sociedad que se había adjudicado la ampliación del Puerto Deportivo de Badalona, 2,5 millones de euros. Según el auto, este dinero fue por la rescisión “de un contrato de gestión que no se tradujo en una prestación real de servicios”. BBW está controlada por el grupo Espais, del que es presidente Lluís Casamitjana, uno de los empresarios detenidos en la operación.
Lluís Renau fue nombrado administrador mancomunado de Kundry Blau Inversions, junto a José Schroeder Quijano, en el 2003. Hasta entonces, estaba controlada por Sergi Blázquez Quevedo, socio en varias empresas del cerebro de la red, el ex diputado socialista Luis García Sáez, más conocido como Luigi. Kundry Blau Inversions se encuentra, actualmente, en liquidación. El principal beneficiario final de la operación, sin embargo, fue el ex diputado socialista y cerebro de la red, García Sáez. Según el auto, éste pudo cobrar cuantiosas sumas derivadas de la rescisión del contrato a través de las sociedades Zellingen, City y Sanur Cien. Paralelamente, a través de esta última empresa, Luigi también cobró de BBW más de un millón de euros el 31 de marzo del 2003. Sergi Blazquez Quevedo es, además de abogado creador de sociedades, vicepresidente de la Plataforma Proseleccions Catalanes y un conocido independentista, tan próximo al sector soberanista de CDC como a ERC.
En estas operaciones intervino activamente la sociedad Marina de Badalona, de la que es consejero delegado Juan Felipe Ruiz Sabido, quien simultanea dicho cargo con el de consejero de BBW. Marina de Badalona vendió un solar a BBW, que quince meses más tarde lo revendió a Espais y Procam con “la obtención de beneficios importantes que redundaron a favor de los inversores particulares y de los intermediarios o conseguidores”. Según el auto, “el contacto de Luis Andrés [Luigi] en Badalona era Juan Felipe Ruiz Sabido”. Marina de Barcelona era la empresa municipal que había de impulsar, en principio, la operación. El alcalde de Badalona, Jordi Serra, pidió ayer por escrito a Ruiz Sabido que renuncie a su cargo, a pesar de no estar imputado en el asunto. El alcalde es el presidente de Marina de Badalona, aunque éste es un cargo meramente institucional y no tiene poderes o control operativo sobre las actividades de la sociedad
El 'grupete' de amigos
El mismo año en que se materializaban los pagos mencionados antes, Renau creó la empresa Projectes Uaner 2003, que según el auto recibió en esta misma operación otros 120.000 euros. Este pago se realizó de la siguiente manera: Badalona Building Waterfront desembolsó 1.046.993 euros a la sociedad Sanur Cien Construcciones. Sanur está administrada por Manuel Valera, un hombre de confianza de Luigi, que incluso le había llegado a hacer de conductor. A su vez, Sanur distribuyó las comisiones correspondientes: 379.096 euros para Tultar (sociedad de Luis García); 299.093 euros para la consultoría Studios Mind Back (una empresa comprada a un despacho dedicado a la creación de sociedades), cuyos beneficiarios finales, según Garzón, fueron Jeff Schroeder Quijano, el socio de Renau, y Manuel Grandes Sánchez; 120.000 euros fueron para Projectes Uaner 2003, de Renau; y 69.717 euros fueron a parar a City Actividades, otra empresa de Luis García. “Este pago carece de justificación hasta el momento en la instrucción”, dice el auto del juez.
Curiosamente, Manuel Grandes no era un nombre desconocido para los integrantes de la red corrupta: había estado ligado a la aseguradora Personal Life, una de las empresas propiedad de Eurobank, holding que vivió un escándalo paralelo al de Gescartera. En 1999, Alavedra, ya fuera de la política activa, ofició de mediador entre el propietario de Eurobank, Eduardo Pascual, y el Banco de España, organizando incluso una comida con el jefe de Inspección de este último, Jaime Caruana. La comida tenía por objeto evitar la intervención de la compañía. Con motivo de los problemas económicos de Eurobank, tuvieron que ser intervenidas las tres mutuas de este grupo: Norton Life, Personal Life y Caixa Hipotecaria Mutual. Durante varios años, la Generalitat se negó a intervenirlas, pero no tuvo más remedio que hacerlo en julio del 2003. En aquel momento, Manuel Grandes era el presidente de Personal Life. Eduardo Pascual, a través de la sociedad Excell Life, radicada en el paraíso fiscal de Luxemburgo, intervino también en algunos negocios de inversiones junto a Macià Alavedra a lo largo de la presente década. En otras palabras, un grupete de amigos se repartían las ganancias de los pelotazos que provocaban los cerebros de la trama corrupta.
Las investigaciones determinan también que cuando el proyecto de la ampliación del puerto fue adjudicado a Espais y Procam, la sociedad Poliafers, de Prenafeta, recibió 1.461.599 euros “y ésta repartió en terceras partes, con Versabitur y Zellingen. Los beneficiarios efectivos de este reparto fueron los imputados Prenafeta, Alavedra y Lius Andrés”, señala Garzón en el texto.
Otro alto cargo implicado
El auto añade más sorpresas. “Entre los días 16 de abril y 29 de abril de 2009, se tuvo conocimiento de la posible emisión de facturas por parte del Ayuntamiento de Santa Coloma con el fin de justificar el empleo de unos fondos europeos. Las conversaciones se produjeron entre Luis Andrés (Luigi), Bartolomé Muñoz (alcalde), Pascual Vela (director de servicios municipales), Manuel Dobarco (concejal y presidente de Gramepark) y Emili Mas Margarit (gerente del Instituto Catalán del Suelo, el Incasol)”. El magistrado asegura que de estos contactos se desprende que el Ayuntamiento habría modificado el destino de los fondos europeos para pagar determinadas expropiaciones en la localidad. “Se habría justificado el empleo irregular de dichos fondos europeos mediante la emisión de facturas falsas en una suma de 1,3 millones de euros”. Lo que falta por aclarar es si Emili Mas conocía la naturaleza de las operaciones que hacían los directivos municipales.
El Incasol, que depende de la Consejería de Política Territorial y Obras Públicas, en manos del socialista Joaquim Nadal, se desvinculó ayer de las actividades de su gerente. En un comunicado oficial, esta institución subraya que del auto no se desprende ninguna acusación contra Emili Mas y que el organismo “ha tomado las determinaciones necesarias para revisar las gestiones que se hubiesen hecho desde este ente en relación con el Ayuntamiento de Santa Coloma”.
De las investigaciones, se desprende que Luis García fue el más beneficiado con las operaciones, ya que se embolsó en total más de 8 millones de euros en tres de ellas. Luigi compró unos terrenos en Sant Andreu de Llavaneres a través de Niesma, donde se había asociado con el abogado Francisco Alejandro Petrus. Un año después, con los terrenos recalificados, vendió el proyecto que le había costado 5,6 millones en 9,7 millones. En esta operación, la compradora pagó 451.769 euros a la compañía Poliafers, de Lluís Prenafeta. A su vez, Poliafers pagó 150.590,04 euros a Versabitur, propiedad del ex consejero de Economía, Macià Alavedra, y otro tanto a City Actividades Inmobiliarias, de Luigi. Es decir, que se repartieron la comisión a partes iguales. Y, además, el avispado García cobraba por partida doble: con la venta de los terrenos y con la intermediación.
García también controlaba la sociedad Marwood International, domiciliada en Costa Rica. De ésta, recibió, 1,3 millones de euros para invertir en una operación especulativa de Santa Coloma de Gramenet. Un total de 605.346,40 euros le fueron enviados desde Suiza, a través de una cuenta en el Crédit Suisse de Zurich. En Santa Coloma, tal y como había detallado El Confidencial, se pretendía urbanizar un terreno a través de la sociedad Centre Comercial Gramenet, que había sido constituida por la instrumental Ard Choille NV y por Capçal a la espera de ser recalificada. Esta sociedad, administrada por Antonio Peñarroja, tiene, curiosamente, el mismo domicilio que Kundry Blau Inversiones, la empresa vinculada a Lluís Renau.
No hay comentarios:
Publicar un comentario