MANIFIESTO POR UNA CATALUÑA EN LIBERTAD: 30 DE ENERO CONCENTRACIÓN EN ARENYS DE MAR

¡NO A LAS MULTAS LINGÜISTICAS!

Hoy, a diario, en Cataluña, mediante la sanción y la coacción, se está imponiendo un régimen lingüístico homogéneo incompatible con el derecho de los catalanes a utilizar cualquiera de las dos lenguas oficiales. Hoy, a diario, en Cataluña, se niega la condición de ciudadanos catalanes de pleno derecho a aquellos que opten libremente por utilizar la lengua castellana como lengua común en el espacio público. Grandes y pequeños establecimientos son obligados a destinar parte de su presupuesto a rotular obligatoriamente en catalán con la excusa de los derechos lingüísticos de los consumidores y usuarios.

Hoy, en Cataluña, se condiciona la concesión de las licencias de apertura o el mantenimiento de los establecimientos privados a la rotulación obligatoria en catalán, ignorando la Constitución y los Tratados Internacionales firmados por España, también vinculantes para las instituciones catalanas que proclaman la libertad de expresión y la libertad de empresa.

Hoy, en Cataluña, un gobierno sectario está sancionando a quien no disponga de las cantidades necesarias para cumplir esta imposición o a quien anteponga la libertad de expresión y de empresa. La excusa de los derechos lingüísticos de los consumidores es utilizada por el Gobierno de Cataluña con el objetivo de uniformizar el paisaje comercial en sólo una de las dos lenguas oficiales y para ello no duda en multar y utilizar todos los medios coercitivos a su alcance. La falta de libertad para utilizar cualquiera de las lenguas oficiales en los documentos y señalizaciones de los establecimientos privados no tiene parangón en ninguno de los ordenamientos jurídicos de otros territorios con pluralidad lingüística. Los intolerantes intentan confundir a la opinión pública ocultándose tras la coartada de los derechos de los consumidores para así imponer la disciplina en un sector de naturaleza privada, en el que no debiera caber la ingerencia del poder público. Las personas que apoyamos este manifiesto defendemos el bilingüismo en las instituciones públicas, pero declaramos que la lengua de interlocución entre empresarios y clientes debe ser definida libremente por estos sin imposiciones por parte de las administraciones. Empresarios y comerciantes que nunca han tenido problemas con sus clientes o proveedores por la lengua en que rotulan o se relacionan no merecen ser sancionados por este hecho, agravado por la actuación de un Gobierno que de forma arbitraria y despótica condiciona el futuro de esos negocios a través de delatores anónimos subvencionados por él mismo, y que ordena a los inspectores de consumo priorizar la policía lingüística mientras se despreocupa de cuestiones como los horarios comerciales o las garantías sanitarias. Lamentablemente, este Gobierno vuelca su esfuerzo inspector en hacer cumplir instrucciones propias de una administración enferma de totalitarismo. Con sus acciones injustas, el gobierno nacionalista presidido por el PSC se reduce a sí mismo a una mera caricatura, y se dibuja como un gobierno inflexible y ridículo, que se ceba con los débiles imponiendo multas a titulares de carpinterías, zapaterías, agentes inmobiliarios, a los que asedia y obliga a cambiar los rótulos, las cartas de los restaurantes, los modelos de contratos, las facturas. Un gobierno que fomenta la delación y prepara el campo para los enfrentamientos lingüísticos que, inevitablemente, llegarán a la sociedad catalana, no puede ser un buen Gobierno. Es por todo ello imprescindible expresar nuestra solidaridad con todas las personas que reciben la visita de los representantes de la Agencia Catalana de Consumo en cumplimiento de las órdenes de los tiranos lingüísticos. La obligación de usar una lengua no se debe imponer en las relaciones jurídico-privadas, especialmente cuando este deber sólo se contempla respecto a una de las lenguas oficiales en toda Cataluña. En el año 1998, con motivo de la aprobación de la Ley de Política Lingüística, el Defensor del Pueblo manifestó : “Resulta desproporcionado un uso obligatorio y general de la lengua catalana en toda la señalización, los carteles de información de carácter fijo y los documentos de oferta de servicios, sin permitir que el titular del establecimiento o empresa pueda decidir en cada caso lo que resulta más oportuno, cara a satisfacer del mejor modo las preferencias de su clientela.”

Lejos de la prudencia proclamada por el Defensor del Pueblo, el Gobierno de Cataluña ha ideado un régimen sancionador inexorable que aplica con mano de hierro y ha incrementado las campañas contra los empresarios catalanes. Atrapado en su propia dinámica represiva ahora pretende que el Parlamento apruebe el Código de Consumo de Cataluña que otorgará al Gobierno competencias para cerrar temporalmente los establecimientos privados e imponer multas de hasta 10.000 euros por infracciones leves o de hasta 100.000 euros por infracciones graves si considera que la negativa a rotular en catalán es deliberada. De aprobarse el nuevo Código y amparados en el deber de disponibilidad lingüística, podrán sancionar también a todos aquellos establecimientos que no puedan garantizar la atención oral y por escrito en la lengua que escoja el cliente, con lo que miles de trabajadores que atienden al público pueden ver condicionada su estabilidad laboral por esa decisión.

El propio Gobierno de Cataluña y las entidades que le dan apoyo están dinamitando la convivencia ejemplar del pueblo catalán mediante la implantación de un régimen alimentado por el temor, la desconfianza y el enfrentamiento. Es hora de abandonar las medidas punitivas y procurar que los ciudadanos, voluntariamente, fomenten de forma razonable el libre uso de los idiomas oficiales en Cataluña.

Por ello, exigimos:

Que las Administraciones Públicas garanticen la libertad de elección lingüística en las relaciones privadas entre clientes y establecimientos abiertos al público.

Que el Gobierno de Cataluña derogue la normativa que regula supuestos derechos lingüísticos, suprimiendo este tipo de requisitos contrarios al principio de libertad de empresa en las relaciones de consumo, y que abandone el régimen sancionador en esta materia.

Que la Agencia Catalana de Consumo archive todos los procesos sancionadores abiertos contra ciudadanos y empresas por motivos lingüísticos.